Documento creado: 1 de octubre de 2009
Air & Space Power Journal - Español  Tercer  Trimestre 2009


Made in U.S.A: La Iniciativa Mérida y las Fuerzas Armadas Mexicanas

Raúl Benítez Manaut

USA & México combatiendo el narcotráfico

Introducción

EL PRESIDENTE Felipe Calderón tomó el poder el 1 de diciembre de 2006. Desde ese momento, anuncia que México está sufriendo una ofensiva del crimen organizado que no tenía precedentes en la historia. Por vez primera, se reconoce que el gobierno mexicano, con sus propios recursos, no podía dar esa guerra con éxito y solicitaba la ayuda de Estados Unidos.

Con esta afirmación, el gobierno de México cambia todos los parámetros de sus doctrinas de soberanía nacional, con las que había vivido durante el siglo XX. Durante la Guerra Fría, a diferencia de la mayoría de los gobiernos de América Latina, México luchó contra la amenaza comunista sin recibir ayuda importante de ese país. Además, las fuerzas armadas mexicanas no recibieron cantidades significativas de ayuda militar. Hoy, en cambio, México es uno de los principales receptores de ayuda de Estados Unidos.

Desde mediados de los años ochenta, el narcotráfico comenzó a ocupar un lugar importante en las prioridades de seguridad de México, sin embargo, es hasta el siglo XXI que se considera por el gobierno que debe ser combatido con energía. El crimen organizado como actor de la política global es uno de ellos.1 Esto está afectando el proceso de democratización de México, pues el crimen organizado penetra a las fuerzas políticas, mediante financiamiento, para tener funcionarios de gobierno bajo su control. Los narcotraficantes mexicanos, cabeza del crimen organizado, se volvieron muy poderosos por efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en los Andes en general. El éxito del apoyo de Estados Unidos a Colombia para desmantelar a los poderosos mafiosos tuvo un efecto negativo en México. Esto se alimenta de un comercio de armas que provienen de Estados Unidos, que tiene como efecto el aumento de la violencia en todas sus dimensiones.

Para enfrentar este fenómeno trasnacional, los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, firmaron un compromiso en marzo de 2007 para instrumentar un programa de cooperación en seguridad conocido como Iniciativa Mérida. El 22 de octubre de 2007 se firmó el acuerdo, y se sostiene en el principio de responsabilidad compartida para el combate al tráfico de drogas y de armas. Incluye una importante ayuda para ayudar a profesionalizar las estructuras de seguridad y militares de México para reducir la violencia. El Congreso de Estados Unidos aprobó 1.4 mil millones de dólares para tres años e incluye a Centroamérica, República Dominicana y Haití.

Ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada

Ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada

Las estructuras de defensa de México no han tenido modificaciones importantes en sus estructuras. Permanecen las mismas de la época de la revolución mexicana. Por ello, las características de la vieja relación cívico-militar, concentrada en una gran autonomía funcional, financiera y política, subordinada al presidente, es la variable característica. En sus misiones, las fuerzas armadas se han visto obligadas a modificarlas, por las debilidades de las instituciones de seguridad pública y judiciales, pues las que existen son incapaces de poder enfrentar al crimen organizado. Se emplea a las fuerzas armadas por la amenaza del crimen organizado a la estabilidad y gobernabilidad del país. La gravedad de esta situación la enunció el propio presidente de la República, al sostener que el empleo de las fuerzas armadas es vital. Además, el enfrentamiento con los carteles de tráfico de drogas, lo definió como una guerra:

El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros. (…) El elemento clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia que siempre requiere a mi juicio una revisión constante. La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el Ejército. No podemos perder territorios, hay entidades federativas en que se ha vulnerado la autoridad. Los operativos militares y policíacos masivos que hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio.2

Así, el jefe del Estado mexicano justifica el empleo de la fuerza militar. La razón es que el crimen organizado, por vez primera en la historia de México, desea disputarle al Estado las dos más importantes atribuciones: el control del territorio y el monopolio del empleo de la fuerza. Como es una guerra se necesita elaborar una estrategia de victoria, y, como bien señala Karl von Clausewitz, los aliados son claves para ganar una guerra. Así, Estados Unidos se volvió aliados de México.

Seguridad nacional narcotizada

A fines del siglo XX, la agenda bilateral México-Estados Unidos ya estaba "narcotizada".3 Si bien este no era el eje toral de las relaciones entre los dos países (pues lo comercial e incluso lo político tenían prioridad superior), el narcotráfico se vuelve un tema crítico. En la "Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 1999", redactada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se señalan los problemas de hoy. El principal de ellos es la debilidad de las instituciones del gobierno mexicano:

Una fuerte voluntad política a los niveles más altos del gobierno mexicano confronta la grave amenaza para la seguridad nacional que presenta el tráfico de drogas y la corrupción y violencia relacionadas con las drogas. No obstante, México enfrenta el reto de la corrupción, instituciones débiles de lucha contra las drogas y un sistema jurídico que puede ser explotado por narcotraficantes bien financiados. Se necesitará un compromiso a largo plazo por parte del gobierno mexicano para lograr resultados concretos a fin de perturbar a las principales organizaciones traficantes y reducir la cantidad de drogas que entran en México y en los Estados Unidos.4

El Estado mexicano transforma su paradigma de acción, la soberanía es obsoleta y recurre a la cooperación con Estados Unidos por razón de supervivencia. Sin embargo, de los contactos iniciales para combatir en conjunto al narcotráfico, hechos en los años de 1998-1999, hasta la formulación de la Iniciativa Mérida, pasaron 10 años, en los cuales los carteles crecieron y se fortalecieron. En la actualidad, existen seis grandes carteles enfrentándose entre sí, y desafiando el poder del Estado mexicano: los dos carteles de Sinaloa, el que encabeza el Chapo Guzmán, y el de la familia Beltrán Leyva; el Cártel del Golfo, en cuyo seno operan los Zetas como brazo armado, controlando las rutas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y también con presencia en Guatemala en la zona de Petén; el Cartel de Tijuana, encabezado por la familia Arellano Felix; el Cártel de Juárez, fundado por Amado Carrillo, el "señor de los cielos"; y el más reciente de todos, el de La Familia michoacana, siendo este uno de los más violentos por la modalidad de los asesinatos que realizan.

No se conoce el número de integrantes de los carteles, pero numerosos textos sostienen que el narcotráfico beneficia a 500 mil personas, entre sus integrantes, y las familias, más los negocios paralelos que se desarrollan para el lavado de dinero, campesinos que cultivan, entre otros. Además, las estimaciones de las ganancias van de 15 a 25 billones de dólares. La lucha por este dinero provoca un incremento de la violencia, que es el factor que los mexicanos perciben como mayor amenaza a su seguridad, como se observa en la siguiente gráfica:

El total de la fuerza policiaca pública y privada que existe en México, es aproximadamente de más de 500 mil personas, como se ve en el siguiente cuadro:

Esta fuerza está organizada en más de 1,600 corporaciones policiacas, y la seguridad privada está casi totalmente fuera del control del gobierno. Estas policías se caracterizan por un muy bajo nivel de profesionalidad, bajos salarios, bajo nivel educativo, y alta corrupción. Por estas debilidades, el presidente decidió que los militares sean la fuerza principal de contención del narcotráfico.

Cuadro 1

Estado de fuerza policíaca nacional: pública y privada 2007a

Corporación                         Elementos en 2008

Policías federales                               20,353b

Policías estatales                                203,474

Policías municipales                           152,027

Seguridad privada                            140,820c

TOTAL                                           516,820

a. Fuente: Jessica Zermeño "Crece el gasto, no la seguridad", Reforma, Enfoque, 24 de agosto de 2008.

b. Incluye a la Policía Federal Preventiva (PFP) y a la Agencia Federal de Investigación, pero no a los elementos del ejército y la marina transferidos a la PFP.

c. Dato actualizado a 2007.

La fuerza militar de México, se agrupa en casi 267 mil hombres (2008): 205 del ejército, 12 mil de la fuerza aérea, y 50 mil de la armada. Entre estos, en capacidad de despliegue para el combate se ubica a la mitad. La guerra al narcotráfico está cambiando de estructura nuclear: pasa de ser una guerra rural (combate en el pasado a los cultivos de marihuana y amapola-goma de opio) a una guerra aérea, naval y urbana. Para enfrentarla, las actuales fuerzas armadas necesitan una modernización rápida del equipo, cambiar la doctrina de guerra para aceptar la comunicación e interoperabilidad con el exterior. La cocaína ingresa a México por aire, por mar, y por tierra desde Guatemala y Belice. El paquete inicial de la Iniciativa Mérida por ello destina la porción más importante de los recursos a los avión radar CASA’235 para la Armada de México. También la guerra necesita fortalecer las capacidades de inteligencia, y las de contrainteligencia, para evitar que los carteles puedan corromper funcionarios.

Made in U.S.A.

También esta guerra es Made in U.S.A. Los consumidores y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos facilita la venta libre de armas. Los narcotraficantes han usado gran cantidad de ciudadanos de ese país para adquirir armas: "La primera causa es el consumidor americano de drogas, y a ello se agrega el comercio de armas, que incluyen armas de grueso calibre."5 Así, al vincular el problema a un Estado extranjero, el propio gobierno mexicano reconoce que el crimen organizado de las drogas tiene expresiones trasnacionales, y su combate también debe darse en ese nivel.

Cuadro 2
Iniciativa Merida Año fiscal 2008
500 millones de dólares asistencia a México contra el crimen organizado
6

I) Programa contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza ($306.3 M)

• $208.3 M para 8 helicópteros de transporte Bell 412s, con $24 M para equipo logístico, partes y paquete de entrenamiento; 87 scaners de ion manuales para el ejército y la fuerza aérea; 2 aviones de reconocimiento (CASA CN-235-300, a $50 M cada uno, equipado con el equipo de la guardia costera) para la Armada.

• $31.3 M para auxiliar al Instituto Nacional de Migración, para modernizar su base de datos y de verificación de información, formas digitalizadas de migración, y entrenamiento y equipamiento de personal en técnicas de rescate y salvamento, para ser usados en la frontera sur de México.

• $25.3 M para establecer un sistema seguro de comunicaciones en instalaciones de las agencias de seguridad nacional y para inspeccionar las claves de correo.

• $2 M para expandir la capacidad de la oficina del Procurador General en la iniciativa del trabajo contra traficantes: Operación contra Traficantes. Iniciativa sobre Seguridad y Salud (OASISS), para identificar y perseguir a los traficantes de personas en la frontera México-Estados Unidos.

• $31.5 M para escners de rayos X, y entrenamiento para la detección canina y entrenamiento para agentes de aduana en los puntos de entrada.

• $7.9 M para expandir la interconectividad de las bases de datos de los servicios de inteligencia, para operar una red segura de comunicaciones.

II) Programa de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley ($56.1 M)

• $30 M para equipo de inspección no intrusivo (scaners de rayos X en Vans) para la Policía Federal (SSP), y establecer un equipo nuevo de inspección canina para ser usado en las inspecciones.

• $6 M para equipamiento de seguridad (vehículos armados a 120,000 cada uno, radios, chalecos y cascos antibalas, entrenamiento y equipo asociado) para proteger al personal que aplica la ley contra las organizaciones criminales.

• $5 M para ayudar a la Unidad de Inteligencia Financiara para mejorarla infraestructura de cómputo y las herramientas de análisis de información.

• $15.1 M para ayudar a la Secretaría de Salud con sistemas de cómputo para crear una base nacional de datos, para reducir la demanda y el consumo, esto también servirá para apoyar los esfuerzos de la organizaciones no gubernamentales y otros actores no estatales que colaboran en la reducción de la demanda y la rehabilitación.

III) Construcción Institucional y aplicación de la Ley ($100.6 M)

• $60.7 M para renovar los sistemas forenses de información en la Procuraduría General de la República, y proveer entrenamiento en gerencia de cortes, gerencia de prisiones, y profesionalización policíaca, así como apoyar a las unidades anti-crimen, programas de protección de víctimas y testigos, y entrenamiento en extradición.

• $5 M para apoyar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

• $19.9 M para ayudar a la Procuraduría General de la República para digitalizar todas las funciones de los jueces, otorgando sistemas gerenciales y reconstruyendo las bases de datos.

• $15 M para los programas anticorrupción, transparencia y derechos humanos.

IV) Programa de Apoyo

• $37 M, costo de administración del personal estadounidense, servicios del presupuesto para apoyar los programas y la entrega de los equipos relativos con el paquete de asistencia a México.

Helicóptero Bell-212

Helicóptero Bell-212

La seguridad Made in U.S.A. se ve claramente diseñada desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Seis meses después de los atentados, se firman los acuerdos de fronteras inteligentes. Después, en 2005, para reforzar el esquema trinacional de seguridad los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos se firmó a nivel presidencial el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN). El ASPAN opera mediante grupos de trabajo temáticos y sectoriales—interministeriales—y es actualmente el marco de referencia para la cooperación en seguridad.7 La debilidad de la cooperación basada en el acuerdo de fronteras inteligentes del 2002 y el ASPAN del 2005 reside en que, comparativamente con el TLCAN, no se trata de compromisos avalados por los congresos de los países. No son Acuerdos de Estado y se circunscriben a la cooperación de los gobiernos de turno. Esto, de por sí, hace frágil la cooperación. Por ello, con el cambio de gobierno en México en 2006, se empezó la negociación para profundizar la cooperación binacional en materia de seguridad, y se diseñó la Iniciativa Mérida.8

Mérida propone explícitamente evitar el tráfico de México hacia Estados Unidos de drogas, y de Estados Unidos a México de armas, así como de personas involucradas en estas actividades y de recursos financieros ligados a ellas. La propuesta abarca la entrega de equipo de inspección, escáners de ion, unidades caninas de intercepción en aduanas, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para garantizar una reacción rápida. Esta Iniciativa se vincula a la National Southwest Border Counternarcotics Strategy, implementada en la frontera sur de Estados Unidos.9

México se había negado a recibir montos importantes de Estados Unidos en asistencia militar o policíaca para la guerra contra las drogas. A inicios de la década de 1990, Estados Unidos participó en el diseño y la apertura de un centro de inteligencia contra las drogas—el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro)—en la Procuraduría General de la República, y ayudó en el entrenamiento del personal de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) en las fuerzas armadas. Asimismo, entregó 73 helicópteros OH-1H, que en 1998 fueron devueltos, lo que causó una fuerte tensión entre las fuerzas armadas de ambos países.10 Desde 1996, la asistencia para la guerra contra las drogas en cooperación con las diferentes agencias de seguridad, justicia y las fuerzas armadas mexicanas fue de 440.62 millones de dólares y, entre 1996 y el 2007, se entrenó a 5.140 personas. En este último año, México recibió 59 millones de dólares en ayuda militar.11 Así, con la Iniciativa Mérida, con el paquete de ayuda de 1,300 millones de dólares, en un año (2008) se recibe más asistencia que el total recibido durante los últimos 12 años.12

El eje central de la guerra contra las drogas es la acción de las fuerzas de operaciones especiales del ejército y la armada. Estas tienen capacidades de inteligencia que, lógicamente, deben ser reforzadas en dos vertientes: el esfuerzo propio y su retroalimentación con la cooperación internacional. Con esto, debe aumentar la capacidad real para la interceptación de la cocaína. Además, si se quiere estar en condiciones de enfrentar con éxito esta guerra, se necesita modernizar el equipo, lo cual, por su altísimo costo, dependerá en parte importante de la asistencia de Estados Unidos. A lo anterior está dirigida la primera entrega de la Iniciativa: 40% se destinará a las fuerzas armadas, 20% a la Secretaría de la Defensa Nacional y 20% a la Armada de México, o sea, 100 millones de dólares a cada una.

Transportación de drogas usando la carretera intraestatal

Transportación de drogas usando
la carretera intraestatal I-35

Una de las debilidades de las fuerzas armadas mexicanas es su fragilidad financiera. En la propuesta de presupuesto para la Secretaría de Defensa Nacional para el año 2008, de 34 mil millones de pesos (3.200 millones de dólares), 95,5% se destinó al pago de personal. Igual situación se da en la Secretaría de Marina.13 Hay que tener en cuenta que el equipo actual es obsoleto—muchas piezas ya rebasaron su capacidad de vida útil—, y que para enfrentar con éxito las tres misiones fundamentales—la guerra contra el narcotráfico, misiones de seguridad pública y la ayuda a la población civil ante los desastres naturales— es evidente que se requiere un equipo militar moderno. Parte de éste se va a dar a través de la Iniciativa Mérida.

La geopolítica del sur: México-Centroamérica

La frontera sur de México es identificada como de alta afluencia de narcóticos, sobre todo en la región del Petén en Guatemala, Belice y las costas cercanas al estado de Quintana Roo.14 Fuentes militares de Estados Unidos señalan que el norte de Centroamérica y el sur de México son flancos vulnerables de la seguridad de Estados Unidos.15 Por la crisis económica estructural que viven los países de Centroamérica, ha aumentado la migración de personas hacia el norte. Esto se agravó con el paso del huracán Mitch por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador en 1998. Igualmente, por razones vinculadas a la debilidad del Estado y la falta de profesionalización de los servicios de inteligencia y los cuerpos policíacos de los países centroamericanos, se produce un aumento inusitado del crimen organizado y común, aparecen nuevas formas de delincuencia transnacional como las maras, y comienza a hablarse de nuevas amenazas emergentes en la región.16 El jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo, en enero del 2006, que el tráfico de drogas de Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos se realiza en su mayor parte por vía aérea: se dirige hacia las pistas clandestinas del Petén en Guatemala y en otras regiones del Caribe mexicano, como los estados de Quintana Roo y Campeche.17

México ha firmado numerosos acuerdos de cooperación con Guatemala y Belice con contenidos similares a los firmados entre México y Estados Unidos, para tener un mayor control de las fronteras.18 Estos se sostienen en la creación de los Grupos de Seguridad Fronteriza Binacional (con Guatemala y Belice). Las difíciles condiciones geográficas de la región —que es selvática y montañosa—, la deficiente cobertura de las instituciones y la corrupción constituyen escollos para que esos compromisos avancen en resguardar realmente la frontera. En el nivel retórico, los gobernantes se han comprometido a hacer legal la frontera sur de México, pero en la práctica este es un flanco vulnerable para la seguridad del país por las razones que hemos expuesto.

Mapa de México

Mapa de México

Un reciente informe de la ONU señala que el conjunto de la región centroamericana presenta gran proclividad al desarrollo de formas criminales muy evolucionadas.19 Se menciona como hipótesis que las actividades criminales están impidiendo el desarrollo económico y la gobernabilidad debido a la elevada incidencia de crímenes como el tráfico de personas, de drogas y de armas de fuego, así como los homicidios, los secuestros, el lavado de dinero y los altos índices de corrupción. Además, la población es proclive a desarrollar culturas de violencia, debido a que los conflictos armados han finalizado muy recientemente, lo cual se suma a la limitada acción de la justicia penal y la policía. En este informe se menciona que los tres países en los que se presenta este fenómeno con mayor gravedad son Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que en los países del istmo, al sur, se observa menor incidencia de estos hechos. Las estadísticas que presenta el informe en la mayoría de los casos muestran que, en términos cuantitativos, los problemas descritos se presentan sobre todo en Guatemala.20

En el caso de Guatemala, el gobierno y el congreso de ese país, reconociendo la gravedad de la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, aceptaron, el 19 de noviembre del 2006, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).21 El llamar a la ONU para colaborar en el combate contra el crimen—al igual que México y Colombia lo hicieron hace ya 10 años—significa un reconocimiento de la incapacidad de las estructuras gubernamentales para cumplir esta tarea. De esta manera, la frontera sur de México es un mosaico de ilegalidades, donde abundan las mafias de traficantes de personas y de drogas, los contrabandistas de todo tipo y, recientemente, las mafias que trafican con armas pequeñas.

En Centroamérica se estimaba que, hacia el 2005, existían más de 70 mil pandilleros organizados como maras. En México, las autoridades policiales calculan que las pandillas agrupadas como maras suman 4 mil, y que este fenómeno de imitación se inició en el año 2000. Las maras se encuentran principalmente en Chiapas, debido a la condición de estado de transmigrantes de Centroamérica a México.22 En el caso particular de Chiapas, por ejemplo, las autoridades han identificado la presencia Marera en 24 de alrededor de 130 municipios del Estado. Hay 53 clicas o pandillas en Chiapas de las cuales 37 pertenecen al Barrio 18 y 16 a la Mara Salvatrucha-13. Estas clicas varían en tamaño de 8 a 80 individuos con grupos de edades distintas, se estima que 49% de los pandilleros son menores de 18 años; 40% están entre los 18 y los 25 años; 7% se encuentra entre los 26 y los 30 años y sólo el 4% es mayor de 30.23

Comentarios finales

Desde Centroamérica y América del Sur ingresan a México drogas, armas pequeñas y delincuentes.24 México a su vez exporta sus carteles a Centroamérica, principalmente el del Golfo, que se actúa en Guatemala. Al mismo tiempo, la población transmigrante sufre la extorsión de los traficantes y las autoridades gubernamentales corruptas. México, a su vez, exporta grandes cantidades de esos narcóticos hacia Estados Unidos, y expulsa también a población portadora de los problemas sociales asociados a ella. De Estados Unidos proviene la demanda de drogas y el financiamiento para que ese comercio ilegal sea posible, y también el factor que alimenta a toda la criminalidad común y organizada de México: las armas, debido a las facilidades para la venta libre en ese país.

La cooperación en defensa y seguridad entre México y Estados Unidos es inevitable debido a varias razones: la condición de frontera; la mutación de las amenazas, que ahora son trasnacionales; el intento infructuoso en ambos países de enfrentar las amenazas con sus propios recursos; y el incremento de la confianza. Esta reflexión es válida para la relación triangular Estados Unidos, México y Centroamérica. Incluso, para algunas de sus variables, también los compromisos cooperativos deben incorporar a Canadá, como es el caso de la ASPAN. Hay obstáculos para que esta cooperación pueda mostrar resultados. Hay diferencias muy grandes en las leyes, las capacidades de las instituciones son diferentes y en los Congresos de ambos países hay rechazo. En Estados Unidos, los congresistas antimexicanos tienen mucho poder. En México, los grupos nacionalistas existentes al interior de los tres principales partidos políticos, lleva a ver todo acto de cooperación del gobierno de Estados Unidos como una campaña de expansión imperial, que sólo responde a sus intereses.

Es preciso que también se tomen en cuenta los problemas de gobernabilidad de los países. En México el presidente no tiene el control del Congreso, y debe negociar con los dos partidos de oposición, que son nacionalistas, y que a nivel de sus estructuras locales, están penetrados con el narcotráfico, como se demostró en Michoacán en el caso del PRD, o del PRI en Nuevo León y Tamaulipas. En América central, los presidentes de Guatemala y Honduras, han sido amenazados con alzamientos militares. Esto resta eficacia, pues los ejércitos y fuerzas de seguridad, corre el riesgo de que se politicen. Por ello, deben revisarse las bases de los programas de cooperación, para que sean efectivos, pero también los fundamentos políticos, para que la política no sea lo que haga fracasar a la Iniciativa Mérida.

Notas

1. Peter Andreas "Crimen trasnacional organizado y seguridad internacional: cambio y continuidad", en Mats Berdal y Mónica Serrano (compiladores) Crimen trasnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad, FCE , México, 2002.

2. Jorge Zepeda Patterson "Entrevista a Felipe Calderón", El Universal, 27 de febrero de 2009.

3. Expresión de Dolia Esteves, en "Los medios en la relación bilateral México-Estados Unidos", en Rafael Fernández de Castro (coordinador) México en el mundo. Los desafíos de México en 2001, ITAM, México, 2001, p. 137.

4. Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas Estrategia Nacional para el Control de Drogas. 1999, The White House, 1999, pp. 48-49.

5. "Felipe Calderón: le consommateur américain, responsable du narcotrafic", Le Monde, 5 de marzo de 2009.

6. Propuesta de diciembre de 2007. Fuente: "Request to Fund Security Cooperation with Mexico and Central America", The White House, Washington, October 22, 2007. Esta propuesta original, posteriormente fue reducida a 400 millones de dólares para el primer año (2008) y a 350 para el segundo (2009) por el Congreso de Estados Unidos.

7. La ASPAN fue conformada en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005. Ver "Nosotros, los Líderes electos de Canadá, Estados Unidos y México, nos reunimos en Texas para anunciar el establecimiento de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte.", en http://aspan.fox.presidencia.gob.mx/?c=56

8. La primera ronda de negociaciones para detallar el contenido de la Iniciativa Mérida, entre los dos gobiernos, tardó casi un año, entre octubre de 2006 y octubre de 2007. Ver Anthony Garza (embajador de Estados Unidos en México) "Mexico´s Security Efforts Deserve Strong Support", U. S. Embassy, Mexico City, 22 de octubre de 2007 (www.usembassy-mexico.gov).

9. Department of State. «The Merida Initiative: United States-Mexico-Central America Security Cooperation». Washington, D. C., October 22, 2007.

10. Maureen Meyer At the Crossroads: Drug Trafficking, Violence and the Mexican State, Washington D. C., WOLA and The Beckley Foundation Drug Policy Programme, 2007, p. 4.

11. Disponible en <www.ciponline.org/facts/mx.htm>. Cifras elaboradas por el Center for Internacional Policy, de Washington D. C., sobre la base de datos oficiales de las distintas agencias de Estados Unidos.

12. La entrega de la ayuda ha demorado según sus calendarios originales, y del paquete primero de ayuda para el año 2008, se comienza a recibir la cooperación hasta marzo de 2009.

13. Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional. Informes de Labores 2006-2008, SEDENA, México 2009; Secretaría de Marina. Informes de Labores 2006-2008. SEMAR, México, 2009; y Segundo Informe de Gobierno 2008, Presidencia de la República, México, 1 de septiembre de 2008.

14. Natalia Armijo. Ponencia «La frontera sur: la frontera abierta», presentada en el seminario México: La Seguridad Nacional en la Encrucijada, El Colegio de México, México, 25-26 de septiembre del 2007.

15. John A. Cope "Una formula para proteger el acceso por el sur", Joint Force Quarterly (spanish version), n.° 42, 2006.

16. Nielan Barnes Resumen ejecutivo: pandillas juveniles transnacionales en Centroamérica, México y los Estados Unidos. México D. F.: Red Transnacional de Análisis sobre Maras, ITAM, 2007. Disponible en <http://interamericanos
.itam.mx/maras/resumen.html>.

17. Presentación del general Craddock, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en la conferencia The Americas in the 21st Century: The Challenge of Governance and Security, organizada por el Latin American and Caribbean Center de la Florida International University, el U. S. Army War College y el U. S. Southern Command. Miami, Florida, 1 al 3 de febrero del 2006.

18. A su vez, los países de Centroamérica también han firmado numerosos acuerdos de cooperación con Estados Unidos, especialmente para el combate contra el terrorismo. Se puede decir que estos compromisos fueron condición sine qua non para que se firmara el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos.

19. ONU Crimen y desarrollo en Centroamérica. Atrapados en una encrucijada, Nueva York, ONU, Oficina Contra la Droga y el Delito, 2007.

20. Idem.

21. «Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)». Nueva York, 19 de noviembre del 2006.

22. Raúl Benítez Manaut y Arturo Sotomayor "El dilema mesoamericano: entre la inseguridad externa y la vulnerabilidad interna", en Ricardo Lagos (compilador) América Latina: ¿Integración o Fragmentación?, Ed. Edhasa y Fundación Grupo Mayan, Buenos Aires, 2008.

23. Athanasios Hristoulas "Las maras en México: perspectivas, percepciones oficiales y política pública", Documento de trabajo del proyecto de investigación Red Trasnacional de Análisis sobre Maras", ITAM, México, 2007. Disponible en <www.interamericanos.itam.mx/maras>.

24. Carmen Rosa de León Escribano "Armas pequeñas y livianas en América Central y Panamá. Informe subregional", en Pablo Dreyfus et. al. Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica. San José de Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2007, pp. 259-334.


 Colaborador

El Sr. Raúl Benítez Manaut

El Sr. Raúl Benítez Manaut es Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También es Presidente de la Organización no gubernamental "Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. A.C.". Tiene estudios de Sociología en la UNAM, de maestría en Economía y Política Internacional en el CIDE y de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha sido académico visitante del Woodrow Wilson Center, en 1998 y 2003 y profesor de American University, del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la National Defense University, y de la Universidad de Columbia. Entre sus publicaciones están La teoría militar y la guerra civil en El Salvador, UCA Editores, San Salvador, 1989, y es coeditor del libro El Rompecabezas. Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI, Universidad de Bologna, Buenos Aires, 2006.


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