Publicado: 1ero de abril de 2009
Air & Space Power Journal - Español  Primer  Trimestre 2009


Las Fuerzas Militares del Post-Conflicto:
Perspectivas y Desafíos para Colombia

Juan Pablo Caicedo

Introducción

La dinámica del conflicto armado interno en Colombia llevó a que de manera temprana las Fuerzas Militares (FF.MM.) del país asumieran roles de seguridad internos, desarrollando su estructura y doctrina en torno a las necesidades de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley; y relegando de esta manera a un segundo plano su rol clásico de defensa de las fronteras nacionales frente a potenciales amenazas externas. A manera de ejemplo, la Política de Seguridad y Defensa Democrática del actual gobierno se centra básicamente en hacer frente a las amenazas internas a la seguridad relacionadas con el conflicto, dedicando sólo un punto a la necesidad de defender las fronteras nacionales (mediante el desarrollo de una capacidad disuasiva).

Escudo de la República de ColombiaDe igual manera, el escalamiento del conflicto desde finales de la década de los noventa ha llevado a un rápido crecimiento de las FFMM y a un consecuente incremento del gasto público en seguridad y defensa1. Si bien es cierto que tanto la implicación de las FFMM en la seguridad interna como su acelerado crecimiento en los últimos años han sido necesarios para frenar el crecimiento de los grupos armados al margen de la ley y seguramente serán factores decisivos para doblegar su voluntad de lucha y llevarlos a un proceso de negociación que culmine en su desarme, desmovilización y reinserción, son aspectos que deberán replantearse en el post-conflicto con miras a tener unas FFMM acordes con las necesidades que implica la consolidación de la paz y el nuevo contexto de seguridad global.

Precisamente, los países que salen de prolongados conflictos armados internos deben abordar temas estratégicos para garantizar la sostenibilidad y consolidación de la paz en el largo plazo, dentro de los cuales están los temas relacionados con las reformas del sector defensa y seguridad y especialmente con las reformas a las FFMM. En este contexto, según Angelika Rettberg, es fundamental pensar en una nueva estrategia de seguridad acorde con la realidad social y política del post-conflicto, ajustar el gasto en defensa y seguridad, y replantear la organización de las FFMM, buscando "soluciones creativas para instituciones que, como resultado del conflicto, resultan sobre-dimensionadas para las necesidades del post-conflicto" 2.

De esta manera, con miras al post-conflicto es importante abrir un espacio de reflexión para repensar los intereses nacionales y a partir de allí definir la naturaleza, visión, misión y estructura de las FFMM que requiere el país para la consolidación de la paz, así como sus roles y responsabilidades en un eventual escenario sin conflicto armado interno. Si bien es cierto que todo este proceso de reforma militar para el post-conflicto es de tipo político y va más allá de las capacidades institucionales de las FFMM (pues estas son sólo uno de los actores del sector de seguridad que debe reformarse)3 es importante que en el seno de éstas se empiece a generar un debate sobre el tema, de tal manera que sus intereses y preocupaciones sean tenidos en cuenta y hagan parte del consenso institucional (entre fuerza pública, Ministerio de Defensa, Interior, Protección Social, Departamento Nacional de Planeación, Congreso, etc.) que debe sustentar cualquier reforma para que sea viable y sostenible. Dicho consenso se deberá materializar en un libro blanco de defensa y en una nueva política de Estado de seguridad y defensa nacionales.

En este contexto, el objetivo de este artículo es explorar algunos de los principales desafíos y perspectivas que el post-conflicto representa para las FFMM de Colombia teniendo en cuenta la literatura académica disponible sobre reformas al sector de seguridad y post-conflicto. Para este propósito, se describirán algunos de los principales ejes temáticos que se deben abordar en una eventual reforma a las FFMM; se enumerarán brevemente algunos roles y responsabilidades que las FFMM podrían asumir en el post-conflicto y, finalmente, se harán unos comentarios finales a manera de conclusión.

Los Militares y el
Post-Conflicto: Posibles Ejes
para una Reforma a las FF.MM.

Siguiendo a Alejo Vargas es necesario resaltar el punto de partida para vislumbrar el alcance y las dimensiones de las reformas necesarias, así como las particularidades del caso colombiano, pues a diferencia de la mayoría de los países que salen de largos períodos de conflictos armados internos Colombia cuenta con un régimen civil sólido y una larga tradición democrática.4 A lo cual habría que añadir que Colombia cuenta con unas FFMM civilistas, profesionales, comprometidas institucionalmente con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y con un alto nivel de aprobación frente a la población civil, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las experiencias internacionales.

Basta con mencionar los casos de Salvador, Nicaragua y Guatemala países que en el momento de la culminación de sus conflictos tenían un sector de seguridad altamente politizado, ineficiente e irresponsable frente a la población civil, con serios problemas institucionales de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario así como una deslegitimación generalizada5. Situación similar a la que se vivía en el Cono Sur al momento de la transición democrática, de tal manera que el eje central de las reformas al sector de seguridad tuvo que ser la subordinación militar a las instituciones civiles y la instauración de mecanismos democráticos de control.6 En este sentido, a nivel internacional las reformas del sector de seguridad y defensa, y específicamente de las fuerzas armadas, asociadas con la transición al post-conflicto, se han centrado en tres aspectos fundamentales: control civil, derechos humanos y delimitación de las responsabilidades militares a la defensa externa del país.7

Dado que la actual situación de las FFMM en Colombia es diferente—en términos positivos—a la de la mayoría de países que tras prolongados conflictos armados internos han dado paso a una etapa de post-conflicto con la consecuente reestructuración de sus organismos de seguridad, es de esperar que las reformas necesarias en Colombia sean menos traumáticas de lo que han sido en otros contextos. No sólo el control civil está dado en Colombia y se tiene una política institucional de respeto a los derechos humanos, sino que dada la evolución del conflicto colombiano y la actual situación de debilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los que enfrenta el Estado colombiano, no es factible que las reformas necesarias en las FFMM se determinen en un futuro acuerdo de paz con estas guerrillas como sí sucedió en Guatemala o en El Salvador, lo que generó en estos casos fuertes resistencias por parte de los uniformados. La misma situación, y la misma resistencia, suele presentarse cuando se negocia la incorporación a las FFMM de los antiguos combatientes guerrilleros, como sucedió en el caso ruandés con el fallido acuerdo de Arusha8, lo que es frecuente cuando al momento de la negociación el balance de fuerzas entre las partes se caracteriza por un empate mutuamente doloroso. Situación que, no obstante, dista de la actual realidad colombiana.

Aún así, las ventajas del punto de partida colombiano no implican que no haya aún un largo camino por recorrer en la estructuración de unas FFMM apropiadas para un país sin conflicto armado y acordes con las necesidades y cambios conceptuales de la seguridad en el mundo de hoy, en donde es importante que las reformas privilegien la seguridad humana, haciendo énfasis en la protección de los individuos y las comunidades, y entendiendo la seguridad no sólo como un asunto militar sino multidimensional (seguridad ambiental, alimentaria, ciudadana, etc.)9

En este contexto, un primer eje temático de la reforma a las FFMM debe ser la limitación de su rol a la defensa del país frente a amenazas externas dejándole paulatinamente a la policía la responsabilidad de la seguridad interna, para lo cual es fundamental "…asegurar que existe la legislación apropiada, el respaldo político y la financiación necesaria que le permita a la policía cumplir este rol efectivamente"10. Esto implicaría, en primer lugar, una reforma constitucional en la que se modifique el artículo 217 que establece como una de las finalidades primordiales de las FFMM la defensa del orden constitucional; asimismo, es fundamental reconsiderar la pertinencia de la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa (pues esta debería estar adscrita al Ministerio del Interior) y es indispensable distinguir y aclarar los roles y responsabilidades de las FFMM y de la Policía Nacional que actualmente y dadas las dinámicas del conflicto armado tienden a sobreponerse, con los riesgos que esto implica (duplicidad de funciones, celos institucionales, etc.)

Esto no significa, sin embargo, que en casos excepcionales las FFMM no puedan prestar apoyo a la Policía Nacional y a otras instituciones en operaciones dentro de las fronteras nacionales, pues sus capacidades logísticas y sus recursos humanos y materiales pueden ser fundamentales en casos de desastres naturales, emergencias humanitarias y situaciones de rescate y evacuación, entre otras. Debe definirse igualmente la conveniencia de continuar con la participación de las FFMM en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el post-conflicto así como las dimensiones de esta participación, pues aunque éstas son el tipo de amenazas que deben enfrentar las FFMM del siglo XXI a nivel global, en escenarios de post-conflicto podrían abrir la puerta para que las FFMM mantengan de manera indefinida sus roles internos, lo cual iría contra el propósito de las reformas.

En la necesaria transición entre labores de tipo policial llevadas a cabo actualmente por las FFMM a labores policíacas de tipo civil es importante tener cuidado de no crear un vacío que pueda ser aprovechado por grupos que no se quieren desarmar o por nuevos grupos armados o criminales (como podrían ser las llamadas ‘bandas criminales’ que azotan diversas zonas del país tras la desmovilización de los grupos paramilitares) y, sobre todo, que permita peligrosas competencias por la supremacía y por las asignaciones presupuestarias entre ambas instituciones11. En este sentido, es fundamental que la transición y el ritmo de las reformas cuenten con el respaldo y la plena cooperación de ambas instituciones, de tal forma que sean la materialización de una visión consensuada.

Para evitar que se genere un peligroso vacío institucional que ponga en riesgo la consolidación de la seguridad en zonas anteriormente bajo la influencia de grupos armados ilegales, y dado el déficit de hombres que actualmente tiene la Policía Nacional12, se podría considerar la posibilidad y conveniencia de transferir hombres vinculados a las FFMM como soldados campesinos o ‘soldados de mi pueblo’ a la Policía Nacional, de tal manera que fortalezcan la labor de ésta última en la consolidación del territorio y posteriormente en el mantenimiento y la promoción de la seguridad ciudadana. Bajo este esquema se favorecería igualmente la disminución paulatina del personal de las FFMM, que es otro de los ejes fundamentales de su reestructuración en el post-conflicto.

Si se considera viable y conveniente esta transferencia, sería necesario re-entrenar a los hombres del ejército que pasarían a hacer parte de la Policía Nacional, para lo cual se podría considerar la posibilidad de contar con el apoyo de personal de la Policía Civil Internacional (o CIVPOL) que bajo el mandato de Naciones Unidas y en el marco de operaciones de paz de esta organización ha adquirido amplia experiencia internacional en estos asuntos.13 Además de labores de entrenamiento la CIVPOL, bajo el marco de un acuerdo de cooperación entre la ONU y el gobierno nacional, podría ser co-responsable de la seguridad ciudadana en zonas críticas mientras se ajustan y se transfieren roles de las FFMM a la Policía Nacional. De esta manera se evitarían igualmente los riesgos de un vacío institucional y se aseguraría con la presencia internacional y mediante labores de monitoreo y verificación la legitimidad y efectividad de otros procesos de gran importancia para la sostenibilidad de la paz como son la desmovilización, el desarme y la reinserción de los miembros de los grupos armados ilegales, el retorno voluntario de la población desplazada a las zonas asignadas para este fin o el desminado de zonas críticas para el desarrollo socioeconómico, entre otras.

Si la situación de seguridad lo amerita y el gobierno nacional lo considera apropiado, la presencia de la CIVPOL podría estar precedida y/o acompañada de observadores militares extranjeros bajo comando de Naciones Unidas, cuya presencia en zonas críticas, a pesar de estar desarmados, desincentivaría violaciones a los acuerdos de paz u otros actos de violencia y delincuencia, al ser un símbolo de la comunidad internacional y de su interés en el mantenimiento de la paz.14 En este sentido vale la pena resaltar que actualmente hay evidencia empírica suficiente para respaldar la presencia de terceras partes como garantes de las negociaciones y los acuerdos de paz en el marco de conflictos armados internos (como sería el caso del personal militar y de la policía desplegados en el marco de una Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU), pues ésta aumenta significativamente las posibilidades de una transición exitosa hacia el post-conflicto, de tal forma que, por ejemplo, se ha comprobado que la presencia de garantes externos disminuye la probabilidad de reinicio del conflicto en los primeros 5 años tras la firma de los acuerdos en un 98%.15 En palabras de Barbara Walter, "El éxito de la terminación de guerras civiles depende no sólo de la habilidad de los combatientes para alcanzar acuerdos políticos aceptables para ambas partes, sino también de la voluntad de actores externos para verificar o implementar el proceso de desmovilización"16 así como las demás estipulaciones de los acuerdos de paz.

En conclusión, el actual concepto de seguridad nacional que se maneja en Colombia está enfocado hacia lo interno "…con lo cual el problema de la seguridad exterior aparece diluido y relegado a segundo lugar, algo que evidentemente está lejos de los que se espera para una situación posconflicto en una sociedad democrática".17 En este sentido, las FFMM deberían responsabilizarse exclusivamente de la seguridad externa del país, reorganizándose y reentrenándose adecuadamente para cumplir con esta responsabilidad en el post-conflicto; lo cual no necesariamente implica un significativo recorte presupuestal, que genera suspicacias y rechazo en el estamento militar. Para llevar a cabo este objetivo de manera exitosa en el actual escenario regional caracterizado por tensiones diplomáticas entre Colombia y algunos de sus vecinos (Venezuela, Nicaragua y Ecuador), las reformas a las FFMM deben estar acompañadas de medidas de generación de confianza hacia estos países así como de iniciativas dirigidas al fortalecimiento de instituciones binacionales y regionales de resolución de conflictos, de tal forma que la reorganización de las FFMM en Colombia y su disposición hacia el exterior no sean percibidos como una amenaza potencial por otros países de la región.

Un segundo eje temático que debe hacer parte de la reforma de las FFMM para el post-conflicto es la discusión sobre su tamaño apropiado para la nueva situación de paz y acorde con los nuevos roles y responsabilidades que deberán asumir, teniendo en cuenta que actualmente las FFMM colombianas son intensivas en recursos humanos, han crecido rápidamente en los últimos años y tienen un déficit de mandos.

No obstante, si se decide que es necesaria una reducción de las FFMM mediante procesos de desmovilización y reinserción de la tropa, es necesario que el caso colombiano sea diferente a los de Centroamérica, en donde la reducción del tamaño de las FFMM se hizo de manera abrupta (vinculada generalmente a purgas relacionadas con violaciones a los derechos humanos), de tal forma que en tan sólo un año las FFMM de El Salvador fueron reducidas a la mitad, mientras que en Guatemala disminuyeron en un 33% y en Nicaragua pasaron de 97.000 a 15.000 hombres18. Esta desmovilización acelerada, paralela a la desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales y en un contexto de altos niveles de desempleo y desconfianza favoreció preocupantes incrementos de los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana que aún afectan a estos países mediante expresiones criminales como las ‘Maras’.

De esta manera, si la reducción se considera necesaria se debe hacer de manera progresiva de tal forma que se prevenga que miembros de las FFMM desmovilizados se conviertan en un factor más de inseguridad, siendo mano de obra altamente capacitada que, sin duda alguna, las llamadas ‘bandas criminales’ o grupos de crimen organizado (como los carteles del narcotráfico) buscarían explotar. Para este mismo fin, no sólo se debería considerar la posibilidad de transferir personal militar a la Policía Nacional, sino que también es necesario desarrollar desde ahora programas de capacitación profesional o tecnológica mediante el cual los militares colombianos desarrollen habilidades que puedan ser posteriormente transferibles a la vida civil, de tal forma que se reduzca en la medida de lo posible el traumatismo inherente a su proceso de desmovilización y reinserción y que éste se haga respetando y protegiendo la dignidad y los derechos de personas que sirvieron durante años al Estado.

En este sentido es relevante la propuesta del General (Ret.) Sanbuenaventura de crear una Escuela Politécnica del Ejército y de rotar a los cuadros por instituciones de educación superior para complementar y ampliar su formación.19 Es igualmente importante que en la desmovilización y reinserción de soldados se contemple otorgar ventajas y servicios especiales para los veteranos (atención médica y psicológica, servicios de recreación y educación, facilidades para adquisición de vivienda, etc.) como un reconocimiento por su servicio al país en todos estos años de conflicto y como un medio para facilitar su reincorporación a la vida civil. Para este fin no sólo se debería estudiar las experiencias tanto exitosas como fallidas que han vivido las FFMM de diversos países tras prolongados conflictos armados internos, sino que se debería estudiar el rol que en este proceso podría jugar la cooperación internacional así como el sector privado (financiando proyectos de capacitación del personal desmovilizado o de prestación de asistencia psicosocial, por ejemplo).

Si se decide que la reducción del tamaño de las FFMM es pertinente, se debería comenzar con la desactivación de unidades con dedicación exclusiva a la lucha contrainsurgente, que serían innecesarias en un escenario sin grupos armados ilegales20, o su transformación y reubicación en otras zonas, según lo ameriten las responsabilidades y necesidades de seguridad exterior. En este sentido, se debe examinar la actual ubicación de las bases militares, pues dadas las prioridades del conflicto armado interno es de esperar que en esta distribución no se reflejen actualmente potenciales amenazas o requerimientos de seguridad externos. Así por ejemplo, con excepción de sus bases en los departamentos de Vichada, Amazonas y San Andrés, todas las bases de la Fuerzas Aérea Colombiana (FAC) están concentradas en el centro del país, de tal manera que en el post-conflicto se podría replantear su localización, reubicando algunas de éstas en zonas fronterizas. De esta manera, además de cumplir su rol de defensa externa serían importantes polos de desarrollo socioeconómico al generar un ambiente de seguridad, construir infraestructura básica, y crear empleos y un mercado potencial en zonas que han estado históricamente olvidadas por el Estado. Al mismo tiempo, la presencia integral del Estado en estas zonas aumentaría la percepción de legitimidad de las instituciones por parte de la población local, cerrando por ende la ‘brecha de legitimidad’ (entendida como la diferencia entre las expectativas socioeconómicas y políticas de la población frente al Estado y lo que este está dispuesto o es capaz de proveer a la población) que originó y alimentó el conflicto en un primer lugar.21

Es relevante igualmente considerar la posibilidad de desmovilizar parte de la tropa pero dejar la totalidad de los cuadros, pues no sólo se tiene actualmente un déficit de mandos, sino que al mantenerlos en el post-conflicto se dejaría abierta la posibilidad de un crecimiento de las FFMM mediante el rápido reclutamiento de tropa en caso de ser necesario (reactivación del conflicto interno, serias amenazas externas, etc.), pues mientras formar un cuadro es un proceso de años la formación de un soldado se puede alcanzar en un par de meses. Otro tema que se debe abordar para el post-conflicto es el servicio militar obligatorio. Si bien hay quienes abogan, como Alejo Vargas, por unas fuerzas que sean totalmente de carácter voluntario22, es necesario insistir en la importancia del servicio militar obligatorio como un eje de construcción de la unidad e identidad nacionales, reformándolo para que sea equitativo pero manteniéndolo como una institución a partir de la cual se puede aportar en la construcción de la nación. Finalmente, en el post-conflicto será necesario replantear la relación combate/apoyo en las FFMM, proceso en el cual se debe tener en cuenta la tendencia en países sin conflicto de contratar mediante outsourcing actividades de apoyo no sensibles.23

El tercer eje temático que debe incorporar la reforma a las FFMM para el post-conflicto está relacionado con la necesidad de su reentrenamiento y educación para desarrollar los valores, habilidades y doctrinas propios de unas FFMM modernas y profesionales en tiempos de paz. Sin duda alguna, para poder hacer cualquier reforma institucional debe haber primero un cambio en la mentalidad y los valores de los miembros de la institución24, razón por la cual es necesario empezar desde ahora una revisión de los planes de estudio de los diferentes cursos de formación militar que hoy en día se centran en la lucha contrainsurgente y que deben ser reformados de acuerdo a las necesidades del post-conflicto. Para este proceso no se debe descartar la posibilidad de contar con cooperación internacional, bien sea mediante misiones militares extranjeras u oficiales extranjeros bajo comando de Naciones Unidas en el marco de una operación de paz en el territorio nacional que actúe como garante de los acuerdos de paz verificando la efectiva culminación del conflicto.

En este sentido, es importante resaltar que los procesos de reforma del sector de seguridad no son exclusivos de países que salen de largos conflictos armados internos o que se encuentran en un proceso de transición a la democracia. Por el contrario, las reformas al sector de seguridad, y en especial a las FFMM, han sido desde el final de la guerra fría un tema de gran interés para los países desarrollados y sus FFMM, que también han tenido que ajustarse a los nuevos desafíos y amenazas que el mundo globalizado presenta para la seguridad, así como a la transformación del concepto de seguridad que ha pasado de estar centrado en los Estados a tener como eje central el individuo en tanto ser humano (seguridad humana).

Entre otros aspectos, las FFMM de los países más desarrollados se han reorganizado y re-entrenado para servir en operaciones militares distintas a la guerra (u operaciones de paz), relegando a un segundo plano la importancia de la capacidad de ataque en términos tradicionales y sobresaltando capacidades relacionadas con la prevención de conflictos, el mantenimiento y la construcción de la paz. Se han preparado igualmente para servir al lado de fuerzas de otros países dado el proceso de internacionalización que está teniendo lugar con el uso cada vez más frecuente de fuerzas multinacionales.25 De esta manera, es fundamental estudiar los procesos de reforma que han tenido lugar en otras latitudes y buscar la cooperación internacional necesaria para facilitar la transferencia de mejores prácticas.

Asimismo, para el reentrenamiento de las tropas colombianas se debe considerar la posibilidad de desarrollar un centro de formación en operaciones de mantenimiento de la paz en el seno de la Escuela Superior de Guerra26, como el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto Para Operaciones de Paz (CAECOPAZ)27, el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC)28 u otros centros de este tipo que en Asia, Europa y Estados Unidos forman civiles y militares en temas de gran relevancia para la seguridad en el mundo de hoy tales como la cooperación civil-militar, la asistencia humanitaria, resolución de conflictos, desarme, desmovilización y reinserción, operaciones de mantenimiento de la paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario, formación para observadores militares y negociación, entre otros. La formación integral en estos temas debe ser una prioridad en la reforma del sistema de educación militar y en la nueva doctrina que se desarrolle pues "El soldado posmoderno no es sólo un guerrero sino también un peacekeeper, un policía, un diplomático, un trabajador social y un trabajador de cuerpos de paz"29.

Se podría considerar igualmente la posibilidad de poner a disposición de Naciones Unidas observadores militares colombianos o unidades regulares para servir como cascos azules en operaciones de mantenimiento de la paz de esta organización en otras latitudes, con lo cual, si se hace desde ahora mientras el conflicto aún continúa, se podrían generar experiencias valiosas que sirvan para la posterior consolidación de la paz en el post-conflicto. Si bien es cierto que por las necesidades del conflicto en este momento no es viable pensar en el envío de batallones u otras unidades regulares que son indispensables para la lucha contra los grupos armados ilegales, sí es posible enviar oficiales de manera rotativa para que actúen como observadores militares o pequeñas unidades de ingenieros o especialistas en desminado. En este sentido, es positivo el anuncio de que Colombia está considerando la posibilidad de enviar tropas para servir en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Afganistán o Haití.

De esta forma, algunos cuadros colombianos adquirirían valiosas experiencias, habilidades, valores y doctrinas propios de las operaciones militares en tiempo de paz que se podrían multiplicar posteriormente en Colombia. Además, dada la necesidad permanente de tropas para servir en operaciones de paz de la ONU, es posible lograr un acuerdo para que las tropas puestas a disposición por Colombia sean financiadas por la organización o mediante aportes voluntarios de otros Estados miembros. De esta manera se lograría reducir parte de los costos del reentrenamiento necesario para el post-conflicto en Colombia.

De acuerdo con el Capitán Bernardo Solís, entre las ventajas que se derivan para el post-conflicto de la participación de militares colombianos en operaciones de paz de la ONU están el alistamiento operacional (pues los militares se probarían con entrenamiento y equipo más moderno que el propio), una mayor profesionalización (mediante la exposición a nuevas culturas y doctrinas operacionales), la adquisición de habilidades que facilitan la reinserción a la vida civil, y una oportunidad para que las FFMM del país ganen prestigio institucional a nivel internacional y cambien la percepción negativa que se tiene de ellas en algunos espacios internacionales (en relación a los derechos humanos, por ejemplo).30

Roles y Responsabilidades de
las FFMM en un Escenario
de Post-Conflicto

En cuanto a los roles y funciones que podrían cumplir las FFMM colombianas en el post-conflicto, especialmente durante el necesario período de transición mientras asumen plenamente su rol de garantes de la seguridad externa y la Policía se fortalece lo suficiente para responsabilizarse de la seguridad ciudadana y el orden público en todo el territorio nacional, sobresalen cinco responsabilidades importantes. En primer lugar, las FFMM deberán desarrollar, junto con la Policía Nacional, operaciones contra residuos de los grupos armados ilegales que decidan no participar en los procesos de desarme, desmovilización y reinserción31, grupos que se rearmen y decidan volver a delinquir, y contra nuevos grupos armados que surjan en las áreas de influencia de los grupos desmovilizados, especialmente en áreas de valor estratégico para el narcotráfico (como sería el caso de las llamadas ‘bandas criminales’). En este contexto, de manera transitoria las FFMM podrían ser corresponsables de la seguridad ciudadana en zonas críticas.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el post-conflicto no garantiza necesariamente el final del problema del narcotráfico, se debe pensar el rol adecuado de las FFMM en la lucha contra este flagelo en un escenario sin conflicto armado interno, pero en el que muy posiblemente continuarán operando poderosos grupos de narcotraficantes y otras manifestaciones del crimen organizado (tráfico de armas, por ejemplo) cuya capacidad desestabilizadora y de generación de violencia puede ser comparable a aquella de los actuales grupos armados al margen de la ley. Se podría pensar, por ejemplo, en asignarle la responsabilidad de enfrentar este problema a las FFMM en zonas fronterizas mientras la Policía Nacional se responsabilizaría del interior del país.

En tercer lugar, tras la culminación del conflicto las FFMM, dados sus recursos, capacidades logísticas, de movilización y su presencia en áreas críticas pueden jugar un papel de gran importancia en labores asociadas con la rehabilitación y reconstrucción del país con miras a facilitar su desarrollo socioeconómico32, generando de esta manera nuevas oportunidades para la población civil y los excombatientes, especialmente en zonas rurales, de tal forma que se desincentive un retorno a la violencia o el incremento de la criminalidad. Así por ejemplo, los ingenieros militares serán, sin duda alguna, una pieza clave para la reconstrucción de infraestructura estratégica afectada por el conflicto (vías de comunicación, infraestructura energética, etc.) y su construcción en zonas alejadas en donde, a pesar de finalizado el conflicto, su difícil acceso y la continuación de problemas de inseguridad impiden que empresas civiles, de carácter público o privado lideren estos esfuerzos. Este proceso podría ser considerado como un paso más para la continuación, expansión y consolidación de las actuales iniciativas de Acción Integral.

En cuarto lugar, y directamente relacionado con el punto anterior, las FFMM junto con la Policía Nacional deberán garantizar las condiciones de seguridad necesarias (no sólo física, sino también colaborar con la seguridad alimentaria y la apropiada atención médica) para el retorno voluntario de los desplazados internos y de los refugiados colombianos a sus zonas de origen, o a las zonas establecidas por el gobierno para este fin. En este proceso, y en otras labores de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto33, la interacción de miembros de las FFMM con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales puede generar nuevas relaciones y experiencias de cooperación civil militar de gran valor para la construcción de paz en el post-conflicto.

Finalmente, en el marco de estas iniciativas de acompañamiento a procesos de retorno, reconstrucción, y consolidación de la paz, y dada la experiencia adquirida durante el conflicto, las FFMM podrían asumir labores de desminado con fines humanitarios, lo cual, si se da en un proceso participativo con las comunidades afectadas y los actores desmovilizados, puede igualmente representar un aporte significativo a la reconciliación. En este sentido, se podría considerar la opción de que las FFMM entrenaran en estas labores de desminado a desmovilizados, agrupados en lo que Natalia Springer denomina ‘fuerzas de paz’, quienes como parte de un programa de reinserción repararían a sus víctimas, pagarían una pena alternativa y obtendrían un trabajo remunerado mediante el desminado de las comunidades en las que operaba su grupo o de las comunidades en las que van a vivir.34

Conclusión

En conclusión, dado que el conflicto armado colombiano parece estar llegando a su etapa de maduración, lo que permitiría su resolución negociada y el desarme, desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales, es fundamental que el país empiece a prepararse para enfrentar los desafíos del post-conflicto. Este sería el caso pues, siguiendo a Ohlson35, la maduración no necesariamente requiere que ambas partes sean conscientes de la irracionalidad de continuar con la confrontación y de la imposibilidad de una victoria militar sino que puede darse si ambas partes conocen de antemano cuál va a ser el desenlace si la guerra continúa, haciendo por ende innecesario continuar con ésta. Así pues, una vez el conflicto armado colombiano llegue a su etapa de maduración y mediante un proceso de negociación con el gobierno los grupos armados ilegales que aún persisten opten por desmovilizarse y reinsertarse, el país iniciará la etapa de post-conflicto.

Con miras a contribuir a que esta etapa sea sostenible las FFMM deberán tomar la iniciativa en el debate sobre su estructura, visión, misión, doctrina, roles y responsabilidades adecuados para un país en tiempo de paz. En este proceso, sobresale la necesidad de que las FFMM se responsabilicen exclusivamente de la defensa nacional frente amenazas externas; la necesidad de replantear el tamaño, la ubicación y los roles apropiados para unas FFMM que actualmente son intensivas en recursos humanos y volcadas hacia la seguridad interna y; la necesidad de empezar desde ahora un profundo proceso de reentrenamiento y re-educación. Estas reformas no deben ser consideradas como un debilitamiento de las FFMM, por el contrario, deben apuntar al fortalecimiento de las capacidades militares para tiempos de paz. Así pues, el post-conflicto debe ser visto como una oportunidad para continuar la modernización y profesionalización de las FFMM de Colombia, de tal manera que asuman los roles y responsabilidades propios de las instituciones militares del siglo XXI.

Notas

1. Así por ejemplo, según cálculos del DNP, para el período 1999-2003 el conflicto armado interno de Colombia le ha generado al país, en relación a sus vecinos que no tienen este tipo de problemática, un exceso de gasto anual en defensa y seguridad de aproximadamente 0,79% del PIB. BORRERO, María Eugenia et al. "Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003". Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos de l Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación, octubre de 2004. p. 20.

2. Angelika RETTBERG, (Coord). Preparar el futuro: conflicto y postconflicto en Colombia. Universidad de los Andes, Fundación Ideas para la Paz, 2002. P. 31-32.

3. Otros componentes del sector de seguridad son la policía, las agencias de inteligencia, la rama judicial, y los servicios de aduana e inmigración, entre otros.

4. Alejo VARGAS,. Las Fuerzas Armadas en el Conflicto Colombiano: antecedentes y perspectivas. Intermedio Editores, Bogotá, 2002. p. 387.

5. Cfr. Kimberly SLABY. "Security Sector Reform in Central America: Is it working". Monterey Institute of International Studies, 2003. p. 4.

6. Maria Celina D’ARAUJO. "Democratic stability, the military and national defense in Brazil and Latin America". En: The Americas after September 11, Hemispheric Integration and Human Security. Summer Institute 2002: July 8 - 18, 2002, York University, Toronto, Canada, p. 25-28.

7. Cfr. SLABY Kimberly, Pedro González OpCit. p. 4-5.

8. Cfr. "Rwanda". Fuente: Uppsala Conflict Data Program, En: http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/gpcountry
.php?id=133&regionSelect=2-Southern_Africa#.

9. Cfr. David LAW. "Human Security and Security Sector Reform: Contrasts and commonalities". 2005. Sicherheit and Frieden, N°. 1. p. 14 En: http://www.dcaf.ch/_docs/Law _HS_SSR_contrasts.pdf.

10. Cfr. Dylan HENDRICKSON. "Understanding and supporting security sector reform". UK Department for International Development (DFID). p. 15 Traducción libre.

11. Cfr. Ann FITZ-GERALD. "Security sector reform: Streamlining national military forces to respond to the wider secutiry needs". Cfr. Journal of Security Sector Management Vol. 1 N°. 1, Cranfield Uniuversity, marzo de 2003. p. 10.

12. Según el General Jorge Daniel Castro, Director de la Policía Nacional, Colombia tiene un déficit de personal en la Policía Nacional, de tal manera que mientras el país tiene un policía por cada 548 habitantes, el estándar internacional es de uno por cada 250 habitantes. Tomado de la intervención del General Castro en la Cátedra Estatal de la Escuela Superior de Guerra el día 12 de septiembre de 2006.

13. Cfr. Yvan CONOIR. The conduct of humanitarian relief operations: principles of intervention and management. United Nations Institute for Training and Research, Programme of Correspondence Instruction in Peacekeeping Operations, 2002. p. 51.

14. Cfr. Jane BOULDEN. "The verification and monitoring of peace accords". United Nations Institute for Disarmament Research, 2000. p. 47 En: http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art133.pdf.

15. Cfr. Caroline HARTZELL, et al. «Stabilizing the Peace after Civil War: An Investigation of Some Key Variables», International Organization, Vol. 55, N°. 1 p. 199.

16. Barbara WALTER. (1999). «Designing Transitions from Civil War: Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace», International Security, Vol. 24, N°. 1,p 137 Traducción Libre.

17. Alejo VARGAS. OpCit. p. 415.

18. Cfr. Kimberly SLABY. OpCit.

19. Cfr. Miguel AVETURASANBUEN. "La Educación Militar para el Conflicto y el Postconflicto en Colombia". Center for Hemispheric Defense Studies, Research and Education in Defense and Security Studies (REDES), mayo 22-25, 2001, Washington DC. p. 23.

20. Cfr. Ibíd. p. 23.

21. Cfr. Thomas OHLSON, y Mimmi SÖDERBERG, (2002), «From Intra-State War To Democratic Peace in Weak States», UPPSALA PEACE RESEARCH PAPERS 5. p. 8 En: http://www.pcr.uu.se/publications/UPRP_pdf/UPRP _N°_5.pdf.

22. Cfr. Alejo VARGAS. OpCit. p. 438.

23. Cfr. Juliana CHÁVEZ, et al. "¿El tamaño importa?, Formas de pensar el fortalecimiento militar en Colombia". En: Revista de Estudios Sociales N°. 16, Universidad de los Andes, Fundación Social, Bogotá, 2003. p. 113.

24. Cfr. Dylan HENDRICKSON. "Understanding and supporting security sector reform". UK Department for International Development (DFID). p. 14.

25. Albrecht SCHNABEL, y Hans EHRHART, "Post-conflict societies and the military: Challenges and Problems of Security Sector Reform". En: SCHNABEL, Albrecht y EHRHART, Hans (Editores). Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding. United Nations University Press, 2005. p. 3.

26. El nombre de la Escuela Superior de Guerra debería igualmente reformarse para pasar a ser la Universidad de Defensa y Seguridad de Colombia.

27. Ver:http://www.caecopaz.mil.ar.

28. Ver: http:www.cecopac.cl/.

29. Albrecht SCHNABEL, y Hans EHRHART, OpCit p. 3 Traducción libre.

30. Cfr. Bernardo SOLÍS, Cubides (Capitán de Corbeta). "Las operaciones de paz de hoy, terreno abonado para el posconflicto". CEM 2004, septiembre de 2004. p. 8-11.

31. Cfr. Miguel SANBUENAVETURA. OpCit. p. 23.

32. Cfr. Jimmy CASTAÑO,Oscar (My FAC), Et Al. En El Escenario Postconflicto: ¿Cuál podría ser el empleo de las FFMM?,. Escuela Superior de Guerra, Geopolítica, Febrero 29 de 2002.

33. Sobre estos posibles roles de las FFMM, ver: FERNÁNDEZ, Jorge AlbertoVega. "La Fuerza Pública en el postconflicto". CEM 2004, abril de 2004. p. 5-6.

34. Cfr. Natalia SPRINGER. Desactivar la Guerra, Alternativas audaces para consolidar la paz. Aguilar, 2005. p. 347.

35. Cfr. Thomas OHLSON, (2008) «Understanding Causes of War and Peace», European Journal of International Relations, 14 p. 146.


 Colaborador

El Señor Juan Pablo Caicedo

El Señor Juan Pablo Caicedo es politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) de donde se graduó con honores, es Magíster (maestría) en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá (graduado distinguido). Ha sido Becario Líder de la Fundación Carolina. Se ha desempeñado como profesor investigador de la Maestría de la Escuela Superior de Guerra y como asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP) de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente es becario Erasmus Mundus de la Comisión Europea para el Máster Europeo en Acción Humanitaria Internacional.


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