Air & Space Power Journal - Español Tercer Trimestre 2001
Document created: 19 October 01

Ayuda no Militar
y la Agenda de
Reforma Judicial del Plan Colombia

Profesora Luz Estella Nagle

Introducción

EL GOBIERNO colombiano presentó el Plan Colombia al mundo como una propuesta emprendedora para tratar muchos de los problemas que han paralizado a Colombia durante la última década y más. Plan Colombia trae consigo un precio de US$7.5 mil millones. Estados Unidos ha comprometido US$1.3 mil millones, la mejor parte destinada a ayuda militar, pertrechos y adiestramiento, mientras que otros socios globales, principalmente los europeos, asumirían gran parte del costo de los componentes humanitarios, sociales e institucionales del plan. Su apoyo no ha estado disponible porque una pequeña porción de los fondos para el plan es en realidad dedicada a los derechos humanos, programas sociales y otra ayuda de carácter no militar. No obstante, aún se busca con afán el apoyo a estos componentes y la reforma del sistema judicial es el punto principal en el plan. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está a la vanguardia de los proyectos de reforma judicial bajo sus ya establecidos mecanismos de administración de justicia (AOJ) e imperio de la ley (ROL) del programa. Una pequeña porción de los fondos del Plan Colombia, alrededor de US$122 millones, ha sido asignado para la tarea.1 Los programas de reforma no son nada nuevo para el tercer poder de Colombia, que de hecho ha recibido muchos millones de dólares en paquetes de ayuda de varios sectores gubernamentales y no gubernamentales durante las dos últimas décadas.

La finalidad de este artículo es analizar la reforma judicial y los componentes para reforzar el Plan Colombia y para probar que la diafanidad y la responsabilidad son factores que tienen que estar bien elaborados e incorporados en cualquier iniciativa sincera para fortalecer las instituciones judiciales. No obstante, la discusión, tiene que comenzar con un breve, si bien crítico, vistazo al terreno político y las instituciones gubernamentales colombianas en el contexto del Plan Colombia en general, y en particular las instituciones judiciales.

Preparando el terreno para
el Plan Colombia

El Presidente Andrés Pastrana fijó el costo total del Plan Colombia en aproximadamente US$7.5 mil millones, con contribuciones principalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y México y de Colombia en sí, aunque no está claro cómo Colombia sufragará su contribución de US$4.5 mil millones.2 El plan es una mezcla complicada de relaciones públicas, propaganda, muestras de poder, nacionalismo y un juego de manos. Indistintamente de la composición actual del Plan Colombia, muchos de los creyentes del plan lo consideran la última esperanza para el país democrático más antiguo de América Latina, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr que el plan sea un éxito.

Colombia cuenta con las distinciones dudosas de soportar la insurrección de la guerrilla más duradera en el siglo 20, contando con la peor historia de derechos humanos, y siendo uno de los principales países de origen del tráfico global de drogas. Colombia es un estado débil, luchando por superar su historia sangrienta, corrupción institucionalizada3 y anarquía con esperanzas de encontrar su lugar en el nuevo milenio.

Aparte de su precio sin precedentes, hay muy poco que ofrecer en el Plan Colombia para distinguirlo de otros paquetes de ayuda que Estados Unidos ya ha destinado a Colombia durante las últimas cinco décadas. El plan incluye casi todo lo que se ha otorgado anteriormente con poco o ningún resultado, a saber: cantidades copiosas de pertrechos militares4, asesores técnicos y personal de apoyo, una contribución módica para derechos humanos y programas sociales5, y muchas oportunidades para un ejército de asesores y expertos para reformar, reorganizar o, de lo contrario, "mejorar" varias instituciones gubernamentales. El apoyo al plan por parte de Estados Unidos es una continuación de su bien establecida tradición de ser "los buenos vecinos" en el hemisferio, paternalísticamente asumiendo lo que es mejor para su familia latina a la vez que defiende el espíritu de un mandato expresado tan elocuentemente durante la redacción de la Ley de ayuda al exterior de 1961.

La esencia de la responsabilidad del Mundo Occidental es emplear sus recursos de manera imaginativa y generosa a medida que el tiempo encamina un mundo que varía rápidamente hacia un futuro incierto…Para muchos ciudadanos precavidos, la ayuda extranjera representa el único medio de alinear este país y sus aliados con las fuerzas que le están dando forma al mundo venidero.6

Plan Colombia también ha sido fomentado como una agenda para lidiar con innumerables causas implícitas que permitieron que el país se fragmentara convirtiéndose en casi una anarquía y desorden. Los autores del Plan Colombia tanto aquí como en Colombia, reconocieron:

Que no hay duda de que Colombia sufre de los problemas de un estado que aún no ha consolidado su poder: Falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, la policía, y del sistema judicial para garantizar el orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en diferentes niveles y en diferentes agencias gubernamentales; y prácticas corruptas en los sectores público y privado.7

Plan Colombia tiene que tener éxito porque los riesgos implicados son muy altos. La estabilidad política y económica a lo largo de gran parte de América Latina está en riesgo, el significado estratégico de Colombia en el hemisferio y el acceso ya establecido a los recursos naturales de Colombia que son tan importantes para las industrias de alta tecnología.

Un aspecto problemático del plan es su susceptibilidad a las revisiones anuales del Congreso de Estados Unidos para continuar proporcionando fondos, particularmente con la nueva administración republicana. Dicha incertidumbre para garantizar los fondos presenta un impedimento inquietante a su éxito a largo plazo. Los cambios, la falta de continuidad y los recortes en la ayuda externa a menudo frustran la política de Estados Unidos. Dicha realidad está bien narrada en una axioma expresada 1961 por un funcionario de la administración estadounidense cuando la política de ayuda externa era dirigida por inquietudes de la Guerra Fría con respecto a que orientación política se apoderaría del mundo en vías de desarrollo: "Sabemos en nuestros corazones que estamos en el mundo para siempre, pero aún estamos lidiando problemas de hace 20 años con planes de 5 años, con un personal que trabaja por espacio de 2 años con asignaciones de un año. Sencillamente no es suficiente".8

Si bien el mundo bajo la esfera de influencia de Estados Unidos ha cambiado en 40 años, la situación descrita anteriormente no ha cambiado. En este contexto, el Plan aparenta ser un riesgo de un poco más de US$1.3 mil millones. A lo sumo, el Plan Colombia beneficia al complejo industrial militar de Estados Unidos y a un ejército de asesores técnicos y políticos que persiguen los dólares del Plan Colombia.

Hay una variedad de temas que no se tratan en el Plan Colombia. Primero, no se toma en cuenta el impacto del Plan en la región e ignora las amenazas geopolíticas directas impuestas en los vecinos de Colombia.9 Las guerrillas cruzando las fronteras colombianas hacia países vecinos no son nada nuevo. No obstante, lo que sí es nuevo y atemorizante para los países vecinos de Colombia es la cantidad de miles de personas expatriadas, los narcotraficantes trasladando sus empresas al otro lado de las fronteras, el impacto colateral del lavado de dinero y el pase de contrabando, y los paramilitares causando estragos mientras acechan sus presas a través de las fronteras. Los vecinos de Colombia, si bien apoyan su meta de paz, temen lo que, según su opinión, es una acumulación innecesaria y peligrosa de fuerzas militares en el hemisferio. Además, Colombia cometió un desacierto diplomático al no tomar en cuenta las inquietudes de sus vecinos. En lugar de incluirlos en las etapas formativas del Plan, Colombia abusó de sus vecinos imponiéndoles la carga pesada de incursiones y movimiento de refugiados a lo largo de las fronteras porosas de Colombia. El voto de 474 a 1 en contra del Plan Colombia del Parlamento Europeo en febrero logró muy poco en reforzar el apoyo regional para Colombia.

Brasil, el país más grande y de más influencia en América del Sur, declaró que no participaría en ningún tipo de acción o iniciativa multinacional en Colombia. Además, Brasil catalogó al Plan Colombia como el riesgo de seguridad más alto y ha agrupado 6.000 efectivos a lo largo de la frontera amazónica con Colombia de 100 millas de longitud, y planifica enviar 6.000 efectivos más a esa zona hasta tanto finalice el Plan Colombia.10 Perú, Ecuador y Venezuela están cada vez más alarmados por las posibles incursiones de refugiados y combatientes, aunque el Presidente Chávez de Venezuela ha sido acusado de abastecer a las guerrillas colombianas con armamento y abastos, convirtiendo a su gobierno en menos de un espectador pasivo ante la crisis.

Segundo, los temas tratados en el Plan Colombia carecen de la metodología y del balance correcto bajo la protección del Plan. La Sección 2.7 del Plan Colombia reza así: "La situación de Colombia no permite soluciones parciales". Pero el Plan Colombia es, de hecho, una solución gradual porque coloca en un plano inferior o excluye los elementos cruciales necesarios para una solución completa a la crisis colombiana. Plan Colombia es un plan para el momento y no toma en cuenta las consecuencias a largo plazo de su implementación. Estados Unidos ya ha declarado un éxito significativo en el rociado de las cosechas de la coca, jactándose de que durante las seis primeras semanas se rociaron más de 74.000 acres en una de las regiones principales de la cosecha de la coca.11 Pero la operación no ha explicado la destrucción colateral de miles de acres de cosechas legales12 ni ha compensado las pérdidas, ni ha atenuado los daños ambientales y ecológicos ocasionados a las regiones que fueron rociadas, ni ha vigilado los efectos a largo plazo que el rociado de la coca tiene en la salud de los campesinos, niños y otros habitantes de las zonas rurales.

Tercero, el Plan Colombia no ataca la raíz de los verdaderos problemas de Colombia. El tráfico de drogas es sólo uno de sus resultados; las causas verdaderas son un gobierno débil, desigualdad, falta de participación por parte de los ciudadanos, corrupción moral y cultural institucional, y un sistema legal ineficaz. En resumen, los verdaderos problemas son los problemas internos de Colombia que se han pasado por alto por tanto tiempo. El acuerdo de Estados Unidos de apoyar económicamente al Plan porque la producción y el tráfico de drogas surten un impacto en su política interna, engaña al pueblo de ambos países. El Plan pasa por alto los efectos a largo plazo. Si Colombia no se convierte en una democracia firme con un gobierno responsable y eficaz, el tráfico de drogas y sus consecuencias continuarán aumentando. En su forma actual, el Plan ataca el cáncer con tan sólo compresas calientes derramando dinero a una sociedad atormentada por problemas internos abrumantes. Uno tiene que preguntar si alguna ayuda externa resolvería los problemas innatos de Colombia cuando el Plan Colombia abarca un terreno ya abarcado durante la última cuarta parte del siglo en paquetes de ayuda y acuerdos de asistencia anteriores.

Una cuestión de prioridades

Una reforma institucional más balanceada y más amplia es imprescindible para el éxito del Plan Colombia. El componente militar/ contranarcóticos del Plan fracasaría si no se dedican recursos significativos y políticas sustanciales y serias al desarrollo institucional, a la revitalización y a la agenda de reformas del Plan. Los objetivos militares/contranarcóticos inciden directamente en otros sectores de la sociedad civil y en una economía débil.

Una de las prioridades más importantes del Plan Colombia es fortalecer las instituciones judiciales del país, ya que gran parte de la supervivencia de Colombia depende de la capacidad del poder judicial de retomar el control del imperio de la ley y de proteger los derechos y las obligaciones tanto de los ciudadanos como de las inversiones extranjeras. La crítica obvia del Plan es que tan sólo una pequeña porción de los US$7.5 mil millones ha sido asignada para este fin. Un estudio del Banco Mundial reveló que hay una relación causal fuerte entre un buen ejercicio del poder y mejor desarrollo y crecimiento económico.13 Un buen ejercicio del poder requiere instituciones sólidas, diáfanas e incorruptas a lo largo del gobierno—no tan sólo del sistema judicial. Bajo un sistema de buen ejercicio del poder, los tribunales deben ser imparciales, el Congreso debe aprobar leyes de manera clara y eficaz y el Poder Ejecutivo debe mandar y llevar a cabo su mando constitucional. Lamentablemente, Colombia no cuenta con ninguno de dichos ingredientes y, según Transparency International, la corrupción en Colombia en la peor en la región.14 Para que Colombia cuente con un buen ejercicio del poder y mejore su desarrollo y crecimiento económico, se tienen que reformar todas las instituciones o, de lo contrario, la iniciativa de resolver la crisis de Colombia está predestinada al fracaso.

El Plan Colombia y la Crisis
Institucional de Colombia

Abraham Lowenthal, un gran erudito latinoamericano, escribió lo siguiente: "El problema fundamental de Colombia es una crisis de autoridad, legitimidad y buen ejercicio del poder: el tráfico de drogas, las guerrillas insurgentes y la violencia de los paramilitares son más resultados que causas de la dificultad implícita de Colombia".15

Los problemas de Colombia están tan entrelazados en la estructura del país que ningún paquete de ayuda externa podría tratarlos adecuadamente. Sin embargo, el Plan Colombia ha sido presentado como la bala mágica para detener el narcotráfico, darle fin a los conflictos políticos violentos, disminuir las violaciones a los derechos humanos, reunificar el país, erradicar la corrupción y volver a desarrollar al país económica y socialmente. Lamentablemente, el Plan Colombia no es la cura para los problemas que existen en Colombia en la actualidad, y los políticos lo saben. Los problemas deben ceder a una estrategia bien desarrollada que atacará la corrupción adherida de las instituciones colombianas, y que permitirá la participación significativa de todos los colombianos en la vida política y económica del país.

Los Tres Poderes del Gobierno

La corrupción ha echado una sombra amarga sobre los tres poderes del gobierno. Colombia llegó a conocerse como una "narcodemocracia" a causa de las grandes cantidades de dinero obtenido ilegalmente y que proviene principalmente de fuentes de la droga influenciadas, en gran medida, por el proceso político y las instituciones. El primer paso para darle fin a la corrupción es hacer que los funcionarios se responsabilicen por su conducta. Responsabilidad significa que el gobierno sea responsable por los estándares legales que se esperan bajo las conductas establecidas y reconocidas de una sociedad civil. La responsabilidad mejora la calidad de la administración y realza la legitimidad de un gobierno pero los funcionarios se comportan mejor cuando saben que se les está vigilando, y están obligados a regirse por códigos de conducta inviolables. La responsabilidad también evita que los derechos de los ciudadanos se violen, y garantiza que las leyes se aplicarán de una manera justa y precisa. Cuando los ciudadanos de un país saben cuáles son sus derechos, ellos responsabilizan al gobierno y exigen que los servicios se les entreguen, según lo prometido, de manera eficiente y eficaz. Un gobierno democrático responsable educa a sus ciudadanos de manera que no se excluyan de la toma de decisiones que afectan sus vidas.

El segundo paso es que el gobierno tiene que ser franco con sus ciudadanos. Este es un principio básico de la democracia representativa. Franqueza significa que los ciudadanos tienen derecho a revisar y analizar las operaciones de sus instituciones gubernamentales y la conducta de los funcionarios gubernamentales observándolos directamente o a través de los medios de comunicación y la prensa. No obstante, este derecho puede ser anulado por ciertos asuntos de seguridad nacional e inquietudes con respecto a la política pública tal como el derecho a un juicio imparcial y proteger a los individuos de la invasión injustificada de su vida privada. La franqueza obliga a los funcionarios electos por el pueblo a informarles de sus acciones y decisiones. La franqueza se logra mediante métodos que permiten la publicidad de las acciones y decisiones gubernamentales, mediante leyes que protegen la libre expresión y la vida de los periodistas, estableciendo leyes de libertad de información, estatutos relacionados con los informantes voluntariosos y mediadores, y estableciendo conductos para las quejas de los ciudadanos.

La franqueza y la responsabilidad son esenciales para poder contar con un buen ejercicio del poder, desalentarán el nepotismo y controlará el conceder favores a familiares y amigos, e incrementará el prestigio del servicio gubernamental. Desdichadamente, hay una presunción de corrupción y mediocridad en el gobierno por parte del pueblo colombiano. Tomará años para poder construir el prestigio y la autoridad necesaria para que la democracia en Colombia tenga éxito.

El Poder Ejecutivo

El poder ejecutivo para la administración Pastrana ha mostrado muy poco progreso en levantar el velo de escándalo y corrupción que ha ensombrecido a la presidencia colombiana durante el transcurso de la historia de la República.16 En una verdadera democracia, el poder ejecutivo tiene que ser franco y responsable, particularmente si uno acepta que dicho poder sienta la pauta para el comportamiento y la conducta política de los demás poderes. El ejecutivo cuenta con una larga historia de acción sin responsabilidad, y el Plan Colombia representa un ejemplo notorio de la capacidad del ejecutivo de trazar un curso para el país sin el mandato o aprobación de la ciudadanía. El razonamiento que el Plan Colombia no fue ni discutido ni publicado al país porque "las cosas siempre se han llevado a cabo de esa manera" no es aceptable y se tiene que abandonar. No hay excusa para continuar en la ignorancia con base en el comportamiento del pasado. Los países que están dispuestos a comprometerse para ayudar a Colombia no deben tolerar ese tipo de conducta, indistintamente de hasta que punto el propósito aparente justificar los medios. Sin franqueza y responsabilidad, no es difícil ver el espectro de otro Vietnam vislumbrándose en el horizonte político de la política externa de Estados Unidos con respecto a la crisis colombiana. Estados Unidos sencillamente no se puede dar el lujo de aprobar benignamente la caballerosa autocracia sucesiva de administraciones colombianas, especialmente ahora cuando hay tanto en juego.

Para que una democracia pueda existir y florezca, los ciudadanos tiene que tener acceso a la información. En un sistema centralizado, el monopolio de poder impide que los ciudadanos escudriñen el comportamiento de los funcionarios electos y las políticas de lo que se supone sea un gobierno representativo. Incluso ahora, los gobernadores de los departamentos que llevan el peso del Plan Colombia han alegado que los funcionarios en Bogotá nunca contaron con ellos cuando se estaba formulando el Plan Colombia.17 Esto no es tan sorprendente si uno reconoce que el Plan Colombia escapó, en gran medida, del debate en el foro de la opinión pública porque muy pocos en los medios de comunicaciones, en las universidades, o en organizaciones no gubernamentales críticas tuvieron la oportunidad de analizar los detalles del Plan y debatirlos en público. El Presidente Pastrana pasó por alto a sus conciudadanos y llevó su caso para el Plan Colombia al escenario internacional durante el proceso formativo del Plan. De hecho, no hubo una versión en español del Plan Colombia hasta meses después de haberse revisado la versión en inglés que ya estaba circulando.18 Vender el Plan en el extranjero antes de promoverlo a su país va en contra de las nociones de responsabilidad y franqueza en el gobierno. Es extraordinario que el Plan Colombia haya sido objeto de más debate y análisis en el extranjero que en Colombia.

Como una medida clara del poder ejecutivo, el génesis del Plan Colombia sigue el escenario típico de las acciones ejecutivas colombianas: se declara un estado de emergencia que permite que el presidente emita decretos que luego pueden convertirse en ley común por consentimiento del Congreso. Prácticamente no hay oportunidad de responsabilizar al Presidente porque sus acciones están constitucionalmente protegidas. No obstante, el Plan Colombia da lugar a nuevas preguntas sobre responsabilidad y franqueza porque tanto las políticas internas como externas de otros países están intrínsecamente involucradas en este caso.

Otro problema que surge a causa de la falta de responsabilidad y franqueza en el poder ejecutivo tiene que ver con la estructura de una administración ejecutiva. Con algunas excepciones, el poder ejecutivo colombiano ha estado infestado tradicionalmente por el nombramiento de funcionarios que tenían muchas conexiones políticas pero que carecían de principios y aptitudes.

El Poder Legislativo

El Congreso colombiano está considerado como una de las instituciones más corruptas en Colombia. Esta es la institución en la que Pablo Escobar, difunto capo de la droga y por mucho tiempo el jefe del cartel de la droga en Medellín, fungió en calidad de representante electo a sus filas. En 1994, la falta de integridad del poder legislativo fue objeto de atención cuando el Procurado General Valdivieso implicó a más de 100 figuras políticas, incluso numerosos integrantes del Congreso y funcionarios gubernamentales importantes, por cargos de obtener dinero de los capos de la droga. Valdivieso inició una investigación arrolladora "indistintamente de las implicaciones políticas"19 en la corrupción del gobierno que llegó a conocerse como el Caso 8000.20 La investigación surgió de las alegaciones que el expresidente Ernesto Samper y algunos de sus aliados más allegados habían recibido millones de dólares del cartel de Cali en contribuciones a la campaña electoral. Después que Valdivieso inició los cargos, la responsabilidad constitucional de una investigación de la presidencia cayó bajo la Comisión de Procesamiento del Congreso. Lamentablemente, 11 de los 15 integrantes de la Comisión eran "sospechosos de haber recibido dinero de la droga para sus propias campañas electorales,"21 y los congresistas seguidores de Samper suspendieron la ley que permitiría que su procesamiento bajo cargos de corrupción continuara. Hay alegaciones que las mafias de la droga le pagaron al legislador US$80.000, y aquellos que votaron por la ley en el Congreso recibieron US$40.000 cada uno.22

Más recientemente, hubo varias acusaciones que integrantes del Congreso abusaron de su poder y utilizaron su influencia política con respecto a contratos y empleos.23 Una investigación reveló que funcionarios del Congreso estaban escurriendo millones de dólares en contratos, y varios congresistas importantes fueron investigados por sospecha de compartir las comisiones clandestinas.24

El Congreso cuenta con una larga y dudosa historia de dicha conducta, particularmente en no aprobar regulaciones eficaces si, al hacerlo, afectaba de algún modo la base de poder del cuerpo. El Congreso también ha podido proteger eficazmente sus actividades de la participación de los ciudadanos, como si ellos no tuviesen el derecho de saber qué estaban haciendo sus representantes. Incluso después de escándalos nacionales sumamente divulgados, el Congreso aún tiene que aprobar leyes enérgicas con castigos severos porque ellos mismos están expuestos a ser mordidos por sus propias legislaciones.

El hecho de que el Congreso tampoco haya aprobado estatutos eficaces de libertad de información permitiéndole a los medios de comunicación el acceso a los negocios del Congreso es otra evidencia de la falta de franqueza y una indicación de cuán necesitado está el poder legislativo de franqueza y responsabilidad.

Al Congreso también se le tiene que obligar a ser franco y responsable porque está muy entrelazado con la vitalidad de los otros poderes. El poder judicial no puede funcionar a menos que el Congreso implemente adecuadamente códigos, leyes y estatutos de manera que el poder judicial pueda administrar la justicia. Por lo tanto, para que la reforma del poder judicial tenga éxito, tiene que ir a la par de las reformas en el Congreso.

El Poder Judicial

Este es la Cenicienta de todos los poderes. A lo largo de la historia de Colombia, el poder judicial ha sido el poder más sumiso y servil del gobierno, susceptible a los caprichos de la ambición política, corrupción en el gobierno y sufriendo de una falta de respeto sistémica.25 El poder judicial ha sido el blanco de ataques brutales y actos de intimidación, y el gobierno cuenta con un récord muy deficiente de garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales.26

A lo largo de la historia de Colombia, el poder judicial ha sido el vehículo mediante el cual los regímenes coloniales represivos impusieron primero la autoridad monárquica y luego la ejecutiva sobre la población.27 En el proceso, los serviles del poder judicial impactaron de manera negativa la proteccion de los derechos individuales y sociales ante el poder estatal y el acatamiento al autoritarismo constitucional conservador. Por lo tanto, el poder judicial en Colombia "adoptó un papel defensivo en comparación con los actores principales políticos tales como los militares y los establecimientos políticos".28 Dicha defensiva proviene de un complejo de inferioridad arraigado en el sistema en general. Admitir que el poder judicial es incompetente, sin embargo, va en contra de la mentalidad latina del machismo y la infalibilidad,29 y es ahí que la resistencia a la franqueza y la responsabilidad radica.

Con el transcurso del tiempo, la infraestructura del poder judicial se deterioró al grado que su reforma se convirtió en un componente importante de los paquetes de ayuda de instituciones de crédito externas y de países primer mundistas intentando reforzar gobiernos democráticos en países en vías de desarrollo. Aún así, los colombianos no confían en el sistema judicial. Además, los otros dos poderes se burlan del sistema judicial en Colombia y pasan por alto su autoridad. Las corporaciones multinacionales temen celebrar contratos en Colombia porque no confían en la capacidad del sistema judicial de imponer acuerdos de manera justa porque la opinión popular es que la justicia es para el que paga la mayor cantidad de dinero al juez.30 El papel que desempeña el poder judicial es crucial para sostener el desarrollo económico y garantizar una democracia exitosa.

Por muchos motivos históricos, el poder judicial colombiano también sufre de una falta de independencia. En vista de su bajo status entre los tres poderes, el judicial a menudo se ha convertido en el chivo expiatorio por las injusticias en el país. Por ejemplo, después de adoptar una nueva Constitución en 1991, surgió un Tribunal Constitucional que, entre otras cosas, aumentó la independencia y activismo del tribunal superior y estableció un reconocimiento textual de la Constitución, por lo menos en papel, como el derecho común fundamental y supremo.31 El Tribunal Constitucional rápidamente se enredó con el poder ejecutivo cuando emitió una opinión sumamente controversial que legalizó la posesión y el consumo de drogas con base en que el consumo de drogas constituía un derecho de autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad.32 La decisión dio lugar a una lucha de poder entre el tribunal y el poder ejecutivo que rápidamente negó la decisión considerando un referéndum, una acción legislativa e incluso una enmienda constitucional. Sin embargo, los retos a la corte fracasaron y en una moción sin precedentes el poder ejecutivo declaró que no buscaba confrontaciones con los demás poderes del gobierno.

No obstante, la animosidad persistió hasta la década de los años 1990 cuando el poder judicial fue presionado por ejercer su autoridad judicial en investigar e incautar la corrupción con relación al Caso 8000. Los poderes ejecutivo y legislativo reaccionaron aprobando una ley para eliminar el mecanismo de justicia anónimo que encabezaba la investigación, en represalia por la persecución del tribunal de los funcionarios gubernamentales. Los tribunales anónimos eventualmente fueron disueltos, hasta cierto punto,33 y una herramienta potencialmente útil (aunque no sin sus propios problemas extraordinarios) fue desacreditada.

No obstante, el que el poder judicial se haya merecido las críticas es ahora irrelevante, ya que la institución de justicia está al borde de la desintegración frente a una anarquía sin precedente. Si el Plan Colombia debe tener éxito en cualquier sector, debe ser en el judicial. Desgraciadamente, la mayoría de los analistas piensa que muy poco de los recursos del Plan ha sido dedicados a una tarea tan gigantesca. No obstante, las metas para mejorar el poder judicial valen la pena.

Un legado de reforma judicial

Durante las dos últimas décadas, Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Justicia y otras instituciones, ha implementado un número de proyectos de reforma judicial encaminados a garantizar un poder judicial más saludable y eficaz. De hecho, el programa de Administración de justicia (AOJ) de más envergadura jamás respaldado económicamente, fue destinado a Colombia en 1991 para crear mecanismos de justicia anónimos a un costo sin precedente de más de US$36 millones, después que el AOJ ya había comprometido muchos millones de dólares en preparar el terreno judicial para la justicia anónima durante la década de los años 1980.34 Pero, aparentemente, las reformas judiciales nunca fueron afianzadas o fueron enredadas en tal controversia que las reformas fueron abandonadas y no renovadas.35

El fracaso del poder judicial se debe a factores externos e internos que azotan los apuntalamientos estructurales y las operaciones diarias de las instituciones de justicia. Entre los factores internos se encuentran la falta de independencia, responsabilidad y franqueza. Sin dichos componentes cruciales, el nivel de corrupción es tan alto que las reformas no logran un resultado significativo. El dinero es pasado a través de un sifón a los bolsillos de los funcionarios ya sea mediante desfalcos directos o comisiones clandestinas de subcontratistas que trabajan con el poder judicial. Además, la avaricia evita que las reformas se filtren a través de la institución a los recibidores más necesitados—los tribunales inferiores y las oficinas judiciales fuera de las ciudades importantes.

Entre los factores externos se encuentran la corrupción en el gobierno y la sociedad, el narcotráfico, la subversión, la intimidación de testigos, soborno de funcionarios, vigilantismo propagado y extorsión en contra de funcionarios del gobierno. Tanto los factores internos como los externos infligen una pérdida en el imperio de la ley, convirtiendo en impotente el mecanismo de justicia. Además, a medida que más colombianos se tornan más desleales y desprotegidos por el estado, y menos ciudadanos utilizan las cortes para resolver disputas, la noción del imperio de la ley se convierte tan abstracto que no tiene significado en sus vidas.

La falta de apoyo a un poder que garantiza el orden público y la justicia, resuelve disputas y fiscaliza los poderes políticos trae consigo una interrupción en la sociedad civil y la moral social, como es el caso de Colombia hoy en día. Sin un poder judicial sólido no hay una base sobre la cual se pueda ajustar un sistema para instituir reformas bajo el Plan Colombia o cualquier otro plan.

Más programas de reforma judicial son fomentados bajo el Plan Colombia porque programas de reforma anteriores no incluyeron una reforma institucional total para todo el gobierno. Este fracaso convirtió al sistema judicial en un sistema más impotente y en mayor desorden.

La agenda de reformas judiciales
 del Plan Colombia

La sección que trata sobre la reforma judicial en el Plan reza lo siguiente: "Una reforma eficaz es el elemento clave para restaurar la confianza del público en el Estado. Lidiar con el narcotráfico y su cultura de violencia, corrupción y anarquía implica todo el sistema de justicia penal". Si bien los redactores del Plan Colombia aceptan este reto, uno debe preguntar ¿qué constituye una "reforma eficaz" en Colombia si otros programas de reforma en el pasado que se suponía garantizaran eficacia no lo han hecho? El gobierno de Pastrana reconoce que la voluntad política es esencial y que los tres poderes del gobierno tienen que trabajar eficazmente para lograr las metas del Plan:

Estos temas cortan transversalmente un número de agencias colombianas—y, de hecho, a los tres poderes del gobierno. El poder ejecutivo trabajará muy de cerca con los poderes legislativo y judicial para garantizar que la coordinación e implementación de dichas estrategias sea eficaz.36

Dentro del contexto de una corporación intergubernamental combinada y la ayuda externa, la finalidad del Plan Colombia es abordar los siguientes temas para fortalecer las instituciones de justicia y el imperio de la ley:

  1) Asegurar el imperio de la ley, mejorando la investigación y el enjuiciamiento de los criminales;

  2) Responsabilizar al sistema judicial por su conducta y administración fortaleciendo los mecanismos judiciales, incluso apartándose de la tradición del derecho civil de un sistema inquisitorio de justicia penal a un sistema acusatorio como el adoptado en la tradición angloamericana o ley consuetudinaria;

  3) Promover un respeto institucional por los derechos humanos haciendo valer el compromiso del país con acuerdos internacionales sobre los derechos humanos;

  4) Eliminar la corrupción institucional en el gobierno fortaleciendo la capacidad del poder judicial de encausar dicha corrupción;

  5) Privar a los criminales de ganancias ilegales haciendo cumplir las leyes pertinentes al lavado de dinero y el decomiso de haberes mal habidos;

  6) Reforzar el mecanismo judicial para combatir el contrabando y el narcotráfico;

  7) Realzar la capacidad del sistema de justicia penal para reducir la demanda de drogas fortaleciendo y expandiendo las campañas educativas y mejorando la rehabilitación de la infraestructura.

No obstante, ninguna de dichas metas pueden cumplirse sin responsabilidad. En reconocimiento a ello, los redactores del Plan Colombia han colocado a la responsabilidad como el punto principal de la agenda de reforma de las instituciones judiciales. Algunos de los componentes de la agenda expresados claramente bajo el encabezamiento de responsabilidad, ameritan un análisis y comentario más detallado.

Puntos del paquete de reforma
judicial del Plan Colombia

Apoyar la transición continua a un sistema acusatorio. Este es, quizás, el aspecto más problemático y controversial de las reformas del Plan Colombia. ¿Por qué los países latinoamericanos han estado descartando las tradiciones inquisitorias tradicionales del sistema continental a favor de un sistema acusatorio oral angloamericano para el que no existe un precedente, contexto histórico o experiencia en la región? Desde un punto de vista legal, uno podría argumentar que invalidar un sistema inquisitorio de justicia penal, con raíces que datan desde los tiempos antiguos del foro romano, no tiene sentido; y que fortalecer las tradiciones institucionales servirían mejor a la región que descartar siglos de tradiciones judiciales y elementos normativos.

Forzar reformas con base en la metodología de un solo sistema jurídico sobre un sistema judicial completamente diferente resultaría en la adivinanza de cómo colocar una ficha cuadrada en un hueco redondo. Incluso si hubiera la posibilidad de lograr que reformas viables funcionaran, la inyección de un sistema acusatorio a una tradición inquisitoria que ha existido por siglos, no se puede lograr en el plazo de tiempo con el que cuenta la mayoría de los proyectos de reforma. La falta de seguimiento en la vigilancia y la ausencia de apoyo económico y adiestramiento continuo dictan cuándo las metas a largo plazo del proyecto permanecerán sin llevarse a cabo.

El esfuerzo hacia la adaptación de un sistema acusatorio está ayudado por una "industria" consultora de reforma judicial que consta de abogados, jueces y funcionarios de tribunales estadounidenses que poseen muy poco o ningún entendimiento considerable o capacitación formal, mucho menos intereses, en el sistema de derecho continental. En lugar de arreglar el sistema judicial existente utilizando lo mejores modelos y metodologías de las tradiciones tanto del derecho consuetudinario como del continental, pareciera que a los asesores les es más fácil ir a Colombia e imponer en el poder judicial los mecanismos judiciales estadounidenses con lo que ellos están sumamente familiarizados y favorecen. Dicho error de intención, que algunos interpretan como arrogancia normativa e indolencia cometida una y otra vez durante las dos últimas décadas, ha resultado en un sistema judicial que está completamente fragmentado y confuso por un proceso legal que no encaja en el medio ambiente jurídico colombiano. Si la agenda de reforma bajo el Plan Colombia sigue el mismo modus operandi, entonces los métodos que se emplean fracasarán.

Movimiento más rápido de los casos en el sistema judicial. La acumulación de los casos pendientes ha sido el fracaso más visible y frustrante del poder judicial durante las últimas tres décadas. Se han llevado a cabo muchos intentos para corregir el problema, la mayoría de las veces los cambios en los procedimientos han contribuido a más retrasos y trabajos pendientes. La administración anterior de los programas de justicia han intentado mejorar el procesamiento de casos e iniciar mecanismos para disminuir las demoras. De hecho, en 1999 se reportó que después de haber invertido tantos millones de dólares en el sistema judicial de Colombia, hasta un 98% de los delitos pasan impunes, 74% no se reportaron, el nivel de impunidad fue de casi 100%, y un 100% de las violaciones a los derechos humanos pasan impunes.37 Estas horrendas estadísticas dan por sentado lo que queda por probar, ¿en qué se empleó el dinero y por qué vamos a repetirlo bajo el Plan Colombia?

Una explicación podría ser que demasiadas reformas bombardean el sistema judicial en una manera lejos de ser cohesiva y coordinada e impiden que surjan procesos eficaces que resultan en más confusión y prolongan la demora de la justicia.

Las decisiones arbitrarias también son un problema constante en todos los niveles del poder judicial y el sistema legal parece ser incapaz de arreglarlo. Parte de esta dificultad es que las leyes son confusas, difíciles de interpretar, impredecibles y muchas son anticuadas.38 Esto conlleva a errores de procedimiento innecesarios y que toman mucho tiempo,39 y se ha destacado que puede tomar más de una década para conocer una causa y resolverla.40

Bajo dicho escenario, la pérdida de fe en el Poder judicial es natural, particularmente en el sector privado que exige una resolución expedita de los conflictos para poder mantener el comercio en movimiento.41

La aplicación de nuevas tecnologías ha realzado, en gran medida, la capacidad de los tribunales para administrar el conjunto de casos de manera más eficiente. Colombia ya ha recibido muchas de esas aplicaciones en proyectos de reforma anteriores. Pero los beneficios de la tecnología en los tribunales nunca parecen llegar más allá de las jurisdicciones urbanas, dejando en la Edad Media a los tribunales en los pueblos pequeños. Los abogados colombianos a menudo tienen que traer consigo el papel que van a utilizar en el tribunal para procesar los casos,42 y las secretarias de los jueces de las cortes bajas a menudo compran con su propio salario los útiles de oficina y logran que los documentos salgan de máquinas de escribir manuales utilizando papel carbón para hacer copias. En Colombia, en los tribunales de primera instancia a veces se tiene que trabajar a la luz de una vela durante las fallas de energía. En los tribunales de las ciudades más grande, donde cuentan con nueva tecnología, las soluciones que se pueden lograr con el nuevo hardware y software pasan desapercibidas o no son bien empleadas. Durante una entrevista en 1999, un juez colombiano señaló una computadora detrás de su escritorio diciendo que nunca la había utilizado porque no había nadie disponible que lo enseñara a utilizarla. La computadora ha estado ahí por meses y nunca se había encendido. Esta indiferencia se debe, en gran medida, a la ausencia de una educación judicial consistente, motivada y progresiva, y por no responsabilizar a los jueces y al personal de los tribunales de alcanzar la suficiente pericia con la nueva tecnología que tienen disponible.43

El gobierno proporcionará el liderazgo necesario para lograr que el sistema judicial sea más justo y eficaz, franco y accesible. La pregunta principal aquí es la siguiente: En un gobierno donde la corrupción es la regla y no la excepción, y en vista de que los autores del Plan Colombia aceptan que su propio gobierno esta repleto de corrupción, entonces ¿en dónde piensa la administración de Pastrana encontrar líderes con la credibilidad, influencia y carisma necesarios para reformar el poder judicial? Indudablemente, el poder judicial debe encontrar dentro de sí mismo el corazón y la integridad para ser independiente y estar a la par de los otros dos poderes.

Por décadas, el poder judicial ha sido tan sólo un sello automático para estatutos del congreso y decretos presidenciales, meciéndose en el viento con las corrientes políticas y doblegándose ante la voluntad de cualquier ideología que prevaleciera en el gobierno en un momento dado. Un paquete de reforma significativo tiene que tratar el tema de la independencia y la autonomía del poder judicial con relación al resto del gobierno. Cualquier cambio hacia una mayor independencia tiene que recalcar la voluntad política por parte de los demás poderes para permitir que el poder judicial ocupe el puesto de un miembro equivalente de un gobierno tripartito. Lograrlo requiere inspección y supervisión por comisiones independientes que inspeccionen la labor que el poder judicial lleva a cabo a diario, e implementación de una metodología uniforme para procesar toda inquietud que surja en el proceso de evaluación. Además, tienen que haber ramificaciones y sanciones que se pueden aplicar si el poder judicial no cumple con su mandato, por ejemplo agilizar los casos e imponiendo el imperio de la ley. El poder judicial también tiene que estar receptivo a una mayor participación de los medios de comunicación y la sociedad en la inspección de sus procedimientos y conducta. Tiene que haber un código de conducta personal y profesional para responsabilizar a los jueces y funcionarios judiciales por su comportamiento. Sus estándares éticos y morales tienen que ser los más altos si desean que los ciudadanos comiencen a respetar o tener fe en las instituciones de justicia, incluso si al hacerlo significa el someterse a algún tipo de proceso de revisión al igual que el que los miembros de las fuerzas armadas tienen que someterse según lo estipulado en el Plan Colombia.

La finalidad del poder judicial en toda sociedad es ordenar las relaciones sociales entre las entidades públicas y privadas y los individuos, y resolver conflictos entre ellos. Lamentablemente, el sistema judicial de América Latina es percibido como uno que se encuentra en estado de crisis porque no puede cumplir con estas expectativas básicas. Un clima de desconfianza y frustración ha penetrado el sistema y esto ha sido reconocido por casi todos los sectores de la sociedad incluso personas particulares, la comunidad empresarial y miembros del sistema, como los jueces y los abogados. Esta percepción de ineficacia por parte de los posibles usuarios de la institución, desalienta a los beneficiarios de buscar sus servicios y los deja con bajas expectativas de justicia cuando es obligado a participar en procesos judiciales.44

Esta falta de confianza en la autonomía de los tribunales es, en parte, responsable por el surgimiento del vigilantismo. El poder judicial no puede esperar obtener el control del imperio de la ley si no hay un liderazgo discernible capaz de granjearse la confianza del pueblo.

Además, hay un problema entre cómo el poder judicial trata de imponer la ley y cómo la población lo percibe al interferir con el orden natural de la sociedad. Las normas básicas de una democracia moderna dan por sentado que la población entiende los principios democráticos y se somete a vivir bajo un imperio de la ley. Pero, ¿cómo puede un sistema judicial funcionar en un país donde existe más de un imperio de la ley, tales como la ley de la guerrilla, la ley de los indígenas y el derecho común establecido oficialmente?. La negligencia del gobierno de no educar a sus ciudadanos acerca de sus derechos y cómo el sistema funciona es, en parte, responsable por la desconfianza y sospecha que el pueblo tiene hacia el sistema judicial. Si los colombianos estuviesen mejor educados acerca de sus derechos y procesos bajo la ley, dicha facultad estimularía el crecimiento de la franqueza y la responsabilidad.

La reforma del sistema judicial tiene que comenzar con líderes comprometidos en los niveles más altos del poder judicial, y los líderes tienen que convertir en prioridad el alcance del poder judicial y la educación pública. En este aspecto, la experiencia de los tribunales en Estados Unidos podría evidentemente beneficiar al poder judicial colombiano mediante un programa de reforma cuidadosamente planificado. Tal como escribió un erudito,

El diseño de las políticas judiciales tiene que comenzar con un liderazgo claro de los jueces en calidad de caracteres principales en la estrategia de reforma. Es igualmente incontrovertible que una reforma de ese tipo une a los otros cuerpos del estado en la misma manera imperativa, y exige que los líderes coordinen las acciones, entablen el diálogo y solidifiquen el consenso.45

El gobierno tratará de disminuir la impunidad mediante mejores enjuiciamientos, investigaciones más eficaces y procesos más rápidos. Millones de dólares en programas de reforma judicial han sido filtrados al sistema judicial colombiano durante los últimos 25 años sin ningún éxito significativo. ¿Cómo intenta la administración de Pastrana lograr esta meta si nada ha funcionado hasta el momento? A pesar de que la corrupción es el problema número uno en la institución judicial, el poder judicial carece extremadamente de organismos de investigación eficaces capaces de llevar a cabo su trabajo de manera profesional, directa y responsable. Los integrantes del brazo investigador y de la fiscalía del poder judicial no cuentan con la suficiente educación y adiestramiento pertinente para efectuar su trabajo de manera eficaz y competente, ni están sujetos a una investigación de sus antecedentes durante el proceso de contratación ni son respetados por los ciudadanos colombianos. En vista de que carecen de profesionalismo y autoestima, son susceptibles a los sobornos de las mafias de la droga, venden drogas ellos mismos, o trabajan con grupos de autodefensa (paramilitares, escuadrones de la muerte y milicias de ciudadanos) para poder ganar dinero adicional o arreglar vendettas personales (lamentablemente, algunas veces los jueces y otros colegas son el blanco de dichas vendettas). Esta conexión presenta varios problemas al administrar la justicia. Por ejemplo, se torna casi imposible probar casos en contra de los grupos paramilitares por masacres y otras violaciones a los derechos humanos sin arriesgar la vida de uno en el proceso. Como ejemplo concreto, cuando se efectuó una investigación de narcotráfico en el puerto de Buenaventura en la costa del Pacífico, un punto de tránsito principal de narcotráfico y de contrabando. Cuando el juez que supervisaba la investigación solicitó un informe de la situación a la policía judicial asignada al caso, le dijeron al juez: "Nos caes bien y tú no sabes nada". El juez fue obligado a abandonar el proceso o arriesgar su vida.46 Ante tal intimidación dentro de la organización, ¿cómo puede ocurrir un cambio significativo en un proyecto de tres años bajo el Plan Colombia?

Brindar una coordinación eficaz del sistema judicial, incluso comunicaciones abiertas e implementación eficaz de la política entre los distintos poderes y las oficinas del estado responsables por la reforma judicial y la administración. Colombia es un gobierno donde todo está centralizado y sumamente dividido en compartimientos. Esto fomenta el sigilo e impide el libre intercambio de talento e ideas a lo largo del panorama político. Lograr un estándar de comunicación de ese tipo es pedirle a todo un gobierno que, en tres años, cambie su mentalidad cuyos orígenes datan de costumbres coloniales. Hay divisiones definidas e incluso una animosidad abierta entre los cuerpos de investigación del poder judicial, la policía nacional y las unidades del ejército asignadas a operaciones judiciales. Las batallas que ocurren resultan en la producción de pruebas falsas o la destrucción de pruebas en un intento para desacreditar el trabajo de otro poder. Algunas veces el resultado es violaciones a los derechos humanos y la violencia en sí ocurre entre las agencias.

Hay una resistencia significativa por parte de los otros poderes del gobierno hacia desarrollar una comunicación más eficaz con el poder judicial, y todo intento por parte del sistema judicial para mejorar su condición e independencia, a menudo es considerado sospechoso o evasivo. El activismo judicial es contemplado con desconfianza considerable y escepticismo. Si el rol tradicional del poder judicial fuese tolerar el ejercicio del poder ejecutivo, hay poco interés en otorgarle al sistema judicial una autoridad o autonomía nueva que podría liberar a los tribunales del tutelaje del poder ejecutivo—y en el proceso exponerlo al escrutinio del poder judicial o perder influencia política. Para que esto llegue a ocurrir, los otros dos poderes deben permitir que la Cenicienta venga al baile.

La ironía de este episodio es que el poder ejecutivo cabildeó a Estados Unidos intensamente para una ayuda de reforma judicial para establecer los tribunales anónimos y, luego, se fijaban en los tribunales cuando éstos mostraban alguna seña de independencia judicial. El episodio verdaderamente muestra el abismo de comunicación y desconfianza entre el poder judicial y los otros dos poderes.

Aumentar el adiestramiento para los funcionarios judiciales. La incompetencia dentro del mecanismo judicial es un serio obstáculo para realzar el estatus del poder judicial en calidad de poder respetable del gobierno. Los procedimientos en los tribunales a menudo no se acatan o se ignoran intencionalmente. Los procesos exigidos, tales como verificar la identidad de los testigos u obtener evidencia física a menudo no se cumple, o se cumple de una manera tan inaceptable que presenta a los testigos como no disponibles, o las pruebas tan contaminadas o alteradas que las pronuncia inservibles. Si bien muchos integrantes del poder judicial hacen lo posible con los recursos que tienen, no reciben el adiestramiento adecuado para llevar a cabo investigaciones metódicas y recopilar pruebas. Tampoco cuentan con las instalaciones forenses para apoyar la labor.

Muchos empleados cuentan con poca educación antes de formar parte del poder judicial, y, a menudo, sus familias viven por debajo de la línea de la pobreza en las peores condiciones de vida. Sus salarios y el estado de ánimo son tan bajos que los elementos delictivos tienen muy poca dificultad para corromperlos.

Además, un código de conducta enérgico tiene que establecerse e imponerse por un alto estándar de responsabilidad, franqueza mediante la revisión regular de las actividades de imposición de la ley, y la certeza de saber que el peso de la ley será impuesto sobre cualquier funcionario que viole las leyes. La necesidad de crear un cuerpo de profesionales mejor educados, adiestrados y remunerados no puede ser más urgente. No obstante, llegar a ese punto requiere tiempo y adiestramiento que sencillamente no están disponibles bajo las restricciones de tiempo y financieras del Plan Colombia.

Garantizar que las decisiones judiciales estén abiertas al escrutinio público y que los resultados sean justos en todos los casos—incluso casos militares en jurisdicciones civiles. La agenda de reforma judicial del Plan Colombia no puede alterar en tan poco tiempo una tradición de justicia penal que desciende directamente de los procesos inquisitoriales secretos de los tribunales eclesiásticos y coloniales, y que está ligada a conductas normativas que no se pueden descartar fácilmente.47 Siglos de precedentes en los que el poder judicial funcionó casi libre del escrutinio público, ha resultado en una desconexión entre el proceso judicial de toma de decisiones y cómo la sociedad considera dichas decisiones aceptables. Además, los tribunales han estado tan estrechamente relacionados con hacer la licitación del poder ejecutivo que sencillamente no hay confianza en el poder judicial.

Una norma sumamente fundamental de una democracia representativa exige que los procedimientos judiciales tienen que ser transparentes al escrutinio público, pero con excepciones cuidadosamente planificadas, definidas claramente en el derecho restrictivo. Por ejemplo, se debe prescindir del escrutinio público cuando hay necesidad de proteger a los ciudadanos en contra de falsedades o la invasión injustificada de su vida privada, para asegurar un proceso justo y para evitar violaciones a la seguridad nacional. No obstante, en Colombia ocurren graves violaciones del proceso democrático, tales como cuando los arrestos, particularmente por los militares en las zonas de conflicto, se llevan a cabo de manera rutinaria sin emitir una orden como lo establece la Constitución. Tomemos como ejemplo los años entre 1993 y 1996 cuando las fuerzas militares colombianas arrestaron y mantuvieron encarcelados por meses alrededor de 6,019 ciudadanos sólo para cancelar más del 90% de los casos a causa de insuficiente evidencia para hacer cargos formales.48

Si bien cualquier reforma cuya intención sea abrir los tribunales al escrutinio no implica necesariamente abandonar los procedimientos judiciales establecidos, el énfasis se debe hacer en imponer los procedimientos a seguirse, y tiene que haber responsabilidad si los procedimientos se ignoran o se abusan.

Garantizarle al público el acceso a la justicia y a una defensa justa en todo el país. Por varios siglos, el proceso judicial en Colombia ha estado infestado de abuso y tiranía. Durante la última cuarta parte del siglo, una práctica especialmente engorrosa, la reproducción de testigos, se ha permitido que ocurra rutinariamente en los procesos judiciales en todo el país. La reproducción de testigos ocurre cuando el mismo individuo, cuya identidad es impedida por el tribunal para obligar el testimonio en casos notorios, se presenta en dos o más ocasiones por separado como un testigo diferente.49

Tales prácticas, con razón, conllevan a que los ciudadanos pierdan fe en el sistema judicial, y los obliga a buscar la justicia en los grupos paramilitares y los vigilantes (conocidos como autodefensas) que aplican la justicia con sus propios métodos brutales y repentinos.50 Además, los ciudadanos comienza a tolerar el vigilantismo porque saben que la alternativa es esperar muchos años antes de que se haga justicia.51 No obstante, los mismos grupos paramilitares y vigilantes que toman la ley en sus propias manos, han sido responsables de actos de violencia e intimidación en contra de jueces, fiscales y unidades de la policía judicial cuyas investigaciones amenazan las operaciones de tales grupos.

El abrir los tribunales al escrutinio y la crítica pública mejoraría en gran medida el acceso a la justicia. Junto con la disminución de las demoras, mejoras en los procedimientos penales y mayor diseminación de las decisiones del tribunal, los ciudadanos podrían acudir nuevamente a los tribunales en busca de justicia y decidir mejor si se está cumpliendo con la justicia.

Eliminar la corrupción. Los redactores del Plan Colombia han aceptado que "las ganancias del narcotráfico han corrompido a funcionarios en todos los poderes del gobierno y en la empresa privada, y han corroído la confianza del pueblo en las instituciones civiles".52 La intención principal debe ser lidiar de frente con la corrupción contando con las iniciativas anti-corrupción existentes e implementando procedimientos de investigación y revisiones rigurosas de integridad antes de contratar a un funcionario y durante su empleo. Sin embargo, un problema significativo es que, en Colombia, las unidades especiales y las organizaciones que deben erradicar la corrupción cuentan con un historial deficiente, sucumbiendo a la corrupción institucionalizada y probando ser tan sólo un espejismo para calmar a los Estados Unidos y a organizaciones guardianes que vigilan a Colombia desde el extranjero. La iniciativa tan sólo valida la grandiosa tradición latinoamericana de ofuscación y desinformación.

Si continúa habiendo pocos controles en la corrupción institucional, la situación se empeora por el poder y la influencia del poder ejecutivo, que ejerce una coraza de protección sobre las agencias de investigación. Para agregarle a la mezcla, están los militares que ensombrecen permanentemente la superficie de la democracia popular. Junto con los militares, el poder ejecutivo y el congreso a menudo colaboran juntos para evitar que el poder judicial obligue a las unidades investigadoras a que conserven estándares altos de conducta y eficacia. A menudo, la excusa para dicha conducta y confabulación es, sencillamente, la conveniencia política.

Podría decirse que la institución de la corrupción es el cuarto poder del gobierno que penetra a los otros tres poderes. A menos que el Plan Colombia ataque de frente a la corrupción institucional, los miles de millones de dólares que se han invertido en la iniciativa se habrán desperdiciado.

Privar a los delincuentes de las ganancias ilegales. Ir tras los bienes de los delincuentes para crear una fuente de capital para ayudar a la policía y a las iniciativas sociales ha probado ser un punto eficaz en el mundo. No obstante, el lavado de dinero no disminuido53 de las ganancias de la droga continúa impactando dramáticamente las economías tanto de Estados Unidos como de Colombia, con la mayor parte del lavado ocurriendo en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Cálculos indican que los traficantes de droga colombianos lavan tanto como US$6 mil millones al año54 mediante un proceso conocido como la Bolsa Negra de Cambio de peso. Este mecanismo de cambio de dinero comenzó en la década de los años 1950 como una manera de evitar las restricciones del gobierno colombiano con respecto al acceso de colombianos a Estados Unidos.55

El Acuerdo de Ayuda Mutual del Servicio de Aduanas de 1999 entre Estados Unidos y Colombia ha producido resultados impresionantes en cuanto a reprimir drásticamente el lavado de dinero y capturar los bienes de los traficantes, más notablemente dos años atrás cuando la Operación Juno y la Operación Milenio asestó un golpe significativo a los traficantes de drogas en Estados Unidos y Colombia. El éxito de las operaciones se debió al excepcional y, según las palabras pronunciadas por Janet Reno, "el esfuerzo de colaboración sin precedentes"56 entre Estados Unidos y las autoridades colombianas. Contando con los mecanismos ya existentes, resulta difícil entender de la imprecisión en el idioma del Plan Colombia con respecto a la captura de bienes, cómo la lucha en contra del lavado de dinero bajo el Plan se distinguiría o se revisaría de su forma actual.

Aún así, los mecanismos existentes que se pueden emplear para privar a los delincuentes de sus ganancias ilegales sólo aparenta alcanzar las ganancias ilegales que resultan del tráfico de drogas. Uno se pregunta acerca de las ganancias ilegales que son el resultado de la evasión de impuestos, corrupción política, soborno y delitos de extorsión y secuestro cometidos por las guerrillas y otros elementos delictivos.

Conclusión

Los programas de reforma dependen de la ventana de oportunidad que se crea cuando los fondos están destinados a lograr metas específicas de la política exterior. Una vez que el apoyo económico al programa se haya agotado, el programa termina, indistintamente si se lograron o no las metas del mismo. La naturaleza de la reforma judicial, sin embargo, no se puede limitar a fechas de inicio y terminación. Los proyectos de reforma requieren un compromiso significativo de tiempo y recursos a lo largo de un periodo de años. Si no hay oportunidad para perfeccionar los programas recién establecidos o para darles seguimiento, se corre el riesgo de que se abandonarán los programas o habrá problemas adicionales en el futuro.

Los programas de reforma judicial en Colombia, indistintamente de su enfoque, tienen que ser sometidos a un análisis cuidadoso de debido esmero y riesgo antes de que se adopten los programas y se comprometan cantidades significativas de dinero público. De lo contrario, en lugar de hacer buenas obras para realzar el sistema de justicia de Colombia, causarán aún más desestabilización, afectando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Lamentablemente, la atracción intoxicante de tantos millones de dólares bajo el Plan Colombia ha incitado a varios asesores a elaborar lo que podría convertirse en proyectos mal diseñados porque no se ejerció cuidado durante lo que ha sido un plazo de tiempo de competencia desenfrenada. Uno sólo puede confiar en que las organizaciones que provean los fondos ejerzan discreción en el proceso de revisión de la propuesta y en cómo se repartirán los fondos.

Hay muy poco desacuerdo que un poder judicial sólido garantice un imperio de la ley sólido. Si al poder judicial se le faculta, revitaliza y reestructura dentro de los límites de sus mejores tradiciones normativas y se erradica la corrupción, las metas no militares del Plan Colombia podrían tener éxito. No obstante, para ello se deben actualizar los códigos, las condenas por ciertos delitos deben aumentarse, los funcionarios judiciales tiene que responsabilizarse por sus actos, las violaciones a los derechos humanos tienen que sancionarse al máximo, y la franqueza tiene que permitir que una nueva luz brille sobre todas las instituciones del gobierno colombiano.

Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo uno tiene que confiar en que un cambio para mejorar es posible. Aún hay muchos empleados civiles y muchos militares dedicados, honrados, patriotas y fieles en el gobierno colombiano, y merecen todo el apoyo internacional que se pueda reunir por sus esfuerzos. El problema es que si bien representan la mayoría del sentimiento colombiano, también representan una minoría casi desprovista de poder dentro de las instituciones gubernamentales. Uno puede ser todo lo sincero que desee, pero si un superior o un subordinado es corrupto, toda iniciativa para cambiar el sistema será un ejercicio de inutilidad y hasta lo podrían matar en el proceso. Quizás ese es uno de los motivos más frustrantes de por qué el Plan Colombia es tan problemático.

La mayoría de los americanos quieren ayudar a Colombia a superar sus crisis, para ayudar a los colombianos que sueñan con un sistema equitativo y una sociedad civil que respeta el imperio de la ley. No obstante, a la par que Estados Unidos intenta salvar a Colombia de la desintegración, un éxodo de profesionales, abogados, jueces—e incluso jueces del tribunal supremo—frustrados y desilusionados están abandonando su patria querida. También hay muchos colombianos corruptos que, después de haber robado lo que pudieron de sus propios compatriotas, ahora disfrutan una vida de riqueza, de ocio e impunidad en Estados Unidos y otros lugares. El resto que no están en posición de irse o escogen quedarse porque aún tienen fe en Colombia, se encuentran en una situación muy difícil y muy tenue.

Todo plan para salvar a la Colombia moderna tiene que elaborarse con base en las necesidades del país y las condiciones históricas. Pero, más importante aún, para llevarla a cabo debe adaptarse a la capacidad económica del país. Este es, quizás, el aspecto más débil e inquietante del Plan Colombia porque la administración de Pastrana da por sentado que otros países sufragarán la parte del león para resolver la crisis interna más notoria de Colombia.

Espero fervientemente que esté equivocada en cuanto a mi análisis y críticas del Plan Colombia. Pero todos debemos estar muy preocupados si el Plan Colombia es, de hecho, la última esperanza para salvar a la Colombia moderna, su fracaso empujará a Colombia al borde de la anarquía, la guerra civil y la calamidad social durante décadas venideras.

Notas

1. Carol Clark, Plan Colombia: Is the U.S. Addicted to Military Fixes? (Plan Colombia: ¿Está Estados Unidos adicto a arreglos militares? CNN.com (sitio web visitado el 30 de enero de 2001), http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/Colombia/story/essays/clark/index.html , (archivadas con la autora).

2. Según un informe publicado por la Economist Intelligence Unit en noviembre del pasado año, “Alrededor de US$2.2 mil millones del presupuesto anual de Colombia están destinados para la defensa, la policía y el Poder judicial durante el periodo de tres años del Plan. Unos US$850 millones adicionales provienen de los “bonos de paz” colombianos que se le han vendido a los ricos, mientras que prestamistas multilaterales le prestarán a Colombia US$950 millones destinados para incrementar la creación de empleos y adiestramiento y proyectos de infraestructura”. COUNTRY FINANCE REPORT, Nov. 6, 2000 (sitio web visitado enero 20 de 2001), http://biz.yahoo.com/ifc.co.news/110600-1.html  (archivado con la autora).

3. Angel Ricardo Oquendo, Corruption and Legitimation Crisis in Latin America (La corrupción y la crisis de legitimación en América Latina), 14 CONN. J. INT’L L. 475, 486 (1999) (afirmando que lo que distingue a la corrupción de la actualidad es el hecho de que está acompañada por un sentido de crisis con un déficit de legitimidad).

4. Tomando en cuenta que Colombia ya es el país más armado en América Latina, no necesita más armamento militar dentro de sus fronteras. Una tabla de los pertrechos destinados a Colombia, recopilada por la Federación de Científicos Americanos, está disponible en http://www.fas.org/asmp/profiles/Industry/Colombiadefensecontracts.htm  (archivado con la autora).

5. Como un intento sin éxito para pacificar a los defensores de los derechos humanos.

6. S. REP. NO. 612 (1961), 1961 U.S.C.C.A.N. 2476.

7. Prefacio, PLAN COLOMBIA: PLAN FOR PEACE, PROSPERITY, AN THE STRENGTHENING OF THE STATE (Plan Colombia: Un plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado). Fuente: United States Institute of Peace Library, (sitio web visitado el 9 de noviembre de 2000), http://www.usip.org/library/pa/colombia/adddoc/Plan_colombia_101999.html  (archivado con la autora).

8. S. REP. NO: 612 (1961), 1961 U.S.C.C.A.N. 2478.

9. Ver Andrew Reding, Survey of Latin American Press-The Closer You Are to Colombia, The Worse the New Aid Plan Looks (Encuesta sobre la prensa latinoamericana—mientras más uno se acerca a Colombia, peor luce el nuevo plan de ayuda), PACIFIC NEWS SERVICE, 18 de agosto de 2000.

10. Brazil Says Plan Colombia Biggest Security Risk (Brasil declara que el Plan Colombia es el riesgo más grande de seguridad), REUTERS, 29 de agosto de 2000 (sitio web visitado el 20 de enero de 2001), http://www.cnn.com/ 2000/WORLD/americas/08/29/brazil.army.Colombia.reut (archivado con la autora).

11. David Adams, Plan Colombia Gets Off to Rocky Start (Plan Colombia comienza de manera incierta), ST. PETERSBURG TIMES, 11 de febrero de 2001, página 1A.

12. Ibid.

13. DANIEL KAUFMAN ET AL., GOVERNANCE MATTERS, POLICY RESEARCH WORKING PAPER, THE WORLD DEVELOPMENT RESEARCH GROUP, páginas 1–2 (octubre de 1999).

14. TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 200O CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX ({Índice de percepciones de corrupción en el 2000) (sitio web visitado el 27 de septiembre de 2000), http://www.transparency.org/ documents/cpi/2000/cpi2000.html (Colombia se encuentra en la mitad inferior entre 60 de 99 países) (archivado con la autora).

15. Comentario sobre los resultados de su participación en la redacción de un informe, TOWARD GREATER PEACE AND SECURITY IN COLOMBIA: FORGING A CONSTRUCTIVE U.S. POLICY: REPORT OF AN INDEPENDENT TASK FORCE SPONSORED BY THE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS AND THE INTER-AMERICAN DIALOGUE (Hacia una más paz y seguridad en Colombia: Informe de una fuerza de tarea independiente auspiciada por el Consejo de Relaciones Exteriores y el diálogo interamericano), (Council on Foreign Relations, 2000), pág. 30.

16. Juan Hernández, el Secretario del Presidente, se ha beneficiado de varios contratos del gobierno a través de una compañía, Acertar Ltd., cuyo presidente y representante legal es la esposa de Hernández. El contrato constituye en confeccionar uniformes para la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ver Lazos familiares, SEMANA.COM (2 de marzo de 2001). El periódico descubre un nuevo escándalo prácticamente a diario en cualquiera de los tres poderes.

17. Ana Carrigan, A Foolish Drug War (Una guerra de la droga insensata), N.Y. TIMES, 10 de febrero de 2001, pág. A15.

18. Según lo expresado por el Embajador Robert White, Presidente del Centro de Política Internacional.

19. THE WORLD GEOPOLITICS OF DRUGS, Annual Report 1995/1996 (La geopolítica de las drogas en el mundo, Informe Anual 1995/1996) (sitio web visitado el 20 de enero de 2001), http://www.odg.org/ rapport/gb/RP12_1_COLOMBIE.html) (archivado con la autora).

20. Para un análisis más detallado y escudriñado del caso, consulte el capítulo 16 et seq en Edgar Torres y Armando Sarmiento, Rehenes de la Mafia (Bogotá: Intermedio Editores, 1998).

21. Ver WORLD GEOPOLITICS, nota 19.

22. Ibid.

23. Corrupción en Colombia (sitio web visitado el 20 de enero de 2001), http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/2000/04/000420-coll.htm, (archivado con la autora).

24. Id.

25. Ver Felipe Saez García, The Nature of Judicial Reform in Latin America and Some Strategic Considerations (La naturaleza de la reforma judicial en América Latina y algunas consideraciones estratégicas), 12 AM. U. INT’L L. REV. 1267, 1287 (1998).

26. Entre 1979 y 1991, 278 jueces fueron asesinados por los narcotraficantes, las guerrillas y los paramilitares.

27. "Inestabilidad política y la crisis institucional con el correr del tiempo ha sometido a los Poderes judiciales regionales a influencia política intensa, incluso la subordinación implícita a las fuerzas políticas predominantes". Id., pág. 1285 (citando a T.D. FERGUS et al., EUROPEAN LEGAL HISTORY 278–80 [1995]).

28. Ver García, nota 25, pág. 1287.

29. Ver Martha I. Morgan, Taking Machismo to Court: The Gender Jurisprudence of the Colombian Constitutional Court (Llevando el machismo a la corte: La jurisprudencia del género del tribunal constitucional colombiano), 30 U. MIAMI INTER-AM. L. REV. 253 (1998).

30. Ver TRANSPARENCY INTERNATIONAL, nota 14.

31. Para un análisis profundo del Tribunal Constitucional y la historia del Poder judicial colombiano, ver Luz E. Nagle, Evolution of the Colombian Judiciary and the Constitutional Court (Evolución del Poder judicial colombiano y el tribunal constitucional), 6 IND. INT’L & COMP. L. REV. 59 (1995).

32. Ver Ibid, pág. 85-88.

33. Ver Luz E. Nagle, Colombia’s Faceless Justice: A Necessary Evil, Blind Impartiality or Modern Inquisition?(La justicia anónima de Colombia: Un mal necesario, imparcialidad ciega o inquisición moderna), 61 U. PITT. L. REV. 881, 953 (2000).

34. Ver Ibid, pág. 936-937

35. Ver en general a Nagle, nota 34. Ver en general, LAWYERS COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS, REPORT, COLOMBIA: PUBLIC ORDER, PRIVATE INJUSTICE (Comité jurídico para los derechos humanos, informe, Colombia: Órden público e injusticia privada) (1994).

36. Ver la sección del Plan Colombia titulada: Reforma del sistema judicial y la protección de los derechos humanos.

37. Javier Giraldo, Corrupted Justice and the Schizophrenic State in Colombia (La justicia corrupta y el estado esquizofrénico en Colombia), 26 SOC. JUST. 4 (1999).

38. Ver EDGARDO BUSCAGLIA & WILLIAM RATLIFF, JUDICIAL REFORM IN LATIN AMERICA 2 (Reforma judicial en América Latina) (1995).

39. Para un análisis detallado del problema, ver Edgardo Buscaglia, A Quantitative Assessment of the Efficiency of the Judicial Sector in Latin America (Una evaluación cuantitativa de la eficacia del sector judicial en América Latina), 17 INT’L REV. L. & ECON. 275 (1997).

40. Ver Maria Dakolias, A Strategy of Judicial Reform: The Experience in Latin America (Una estrategia de reforma judicial: La experiencia en América Latina), 26 VA. J. INT’L L. 167, 170 (1985).

41. Ver García, nota 25, pág. 1269 (cita de María Dakolias, A Strategy of Judicial Reform: The Experience in Latin AmericaI (Una estrategia de reforma judicial: La experiencia en América Latina), 26 VA. J. INT’L L. 167, 170 (1985).

42. Según un abogado entrevistado en Colombia por la autora durante julio de 199.

43. Ver ANDEAN COMMISSION OF JURISTS, THE ANDES: EMERGENT OR IN EMERGENCIA? (Comisión Andina de Juristas, Los Andes: ¿Emergente o en Emergencia?) Resumen Ejecutivo 47, (1997).

44. Ver Dakolias, nota 40, pág. 173.

45. Ver Fernando Carrillo Flórez, Supreme Courts of the Americas Organization: Judicial Independence and Its Relationship with the Legislative Bodies (Organización de los tribunales supremos de América: La independencia judicial y su relación con los cuerpos legislativos), 42 ST. LOUIS U. L.J. 1033, 1041 (1998).

46. Ver Nagle, nota 33, pág. 947.

47. Ibid, 886-893.

48. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, QUESTION ON HUMAN RIGHTS OF ALL PERSONS SUBJECTED TO ANY FORM OF DETENTION OR IMPRISONMENT: REPORT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR ON THE INDEPENDENCE OF JUDGES AND LAYWERS, MR. PARAM CUMARASWAMY: ADDENDUM: REPORT ON THE MISSION OF THE SPECIAL RAPPORTEUR TO COLOMBIA (Comisión de Derechos Humanos, Tema de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o arresto: Informe del Reportero Especial sobre la Independencia de jueces y abogados, Sr. Param Cumaraswamy: Suplemento: Informe de la Misión del Reportero Especial a Colombia) (Informe de las Naciones Unidas E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 de marzo de 1998).

49. Ibid., párrafo 74. "Este abuso de la justicia regional se ha confirmado en varios casos donde informantes regulares del Ejército—algunos de los cuales se les paga un salario mensual por declarar—se utilizan para acusar a las personas de rebelión o actos terroristas".

50. Para un examen práctico de las autodefensas y los grupos paramilitares en América Latina, ver Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: El caso de Puerto Boyaca (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990).

51. Ver en general, Ibid.

52. Sección sobre La reforma del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos, sub-sección titulada Eliminen la corrupción.

53. Ver El lavado de dinero y la Ley de Estrategia contra Delitos Financieros de 1998, Pub. L. 105-310 (30 de octubre de 1998).

54. Ver Suzanne Timmons, Looking to Crack Down on Contraband, BUSINESS WEEK, 30 de octubre de 2000, pág. 29. Además, ver Luz E. Nagle, U.S. Mutual Assistance to Colombia: Vague Promises and Diminishing Returns (Ayuda mutual de Estados Unidos a Colombia: Promesas vanas o ganancias en disminución), 23 FORD. INT’L L.J. 1235 (2000).

55. Para controlar el comercio y cobrar tarifas altas en los artículos importados a Colombia, el gobierno colombiano le exige a los importadores que compren mercancía con dólares que sólo se puedan obtener en el Banco Central Colombiano. El agente de cambio peso/dólar permitió la compra de dólares sin el conocimiento del gobierno para que el importador pudiese evitar las tarifas y aranceles colombianos "contrabandeando" la mercancía sin el escrutinio del gobierno. El corredor compró dólares de exportadores colombianos que luego vendían mercancía en Estados Unidos y los depositaban en cuentas estadounidenses. Los corredores entonces le pagaban al exportador en pesos en Colombia. Aún así, los clientes pagaban una pequeña prima por los dólares que les pasaba el corredor, era más económico que pagar tarifas y aranceles sobre la mercancía obtenida en Colombia.

Los traficantes de droga han adaptado sus operaciones de lavado de dinero a la Bolsa de la siguiente manera: Primero, los traficantes colombianos exportan drogas a Estados Unidos. Luego, las drogas se venden por dinero. Entonces, el traficante celebra un "contrato" y le vende el dinero al cambista de la Bolsa Negra de Peso en Colombia. El cambista, o su representante, a su vez introduce la moneda a granel al sistema bancario estadounidense. Luego, los dólares estadounidenses se le venden a los importadores colombianos. Los importadores entonces compran mercancía, ya sea de Estados Unidos o de mercados colaterales. Por último, la mercancía es transportada a Colombia y, de esta manera, el valor al por mayor de las drogas es regresado a Colombia en la forma de intercambio de mercancía. Ver THE DEPARTMENT OF THE TREASURY & DEPARTMENT OF JUSTICE, THE NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY FOR 1999, THE DEPARTMENT OF THE TREASURY AND DEPARTMENT OF JUSTICE, SEPTEMBER 1999, 26 (sitio web visitado el 9 de abril de 2000), http://www.treas.gov/press/releases/docs/money.pdf (archivado por la autora). Para un discusión ver Nagle, nota 54, 1263-1267.

56. Michael Kirkland, US, Colombia Snap Alleged Drug Ring (Estados Unidos y Colombia atrapan supuesta red de drogas), U.P. INT’L, 13 de octubre de 1999.


Colaborador

La Profesora Luz Estella Nagle, (LL.D., Universidad Pontificía Bolivariana, Colombia; J.D., William & Mary School of Law; LL.M., University of California, Law School en Los Angeles; Maestría en Estudios Latinoamericanos de la University of California en Los Angeles) es Profesora auxiliar en la Escuela de Derecho de la Stetson University en St. Petersburg, Florida. La Profesora Nagle se desempeñó como juez en Medellín, Colombia, durante la década de los años 1980 hasta que intentos de asesinato por parte de los traficantes de drogas la obligaron a salir de Colombia hacia Estados Unidos. La Profesora Nagle se especializa en derecho internacional y comparativo, derecho penal internacional, y derecho de seguridad nacional con respecto al narcotráfico, el narcoterrorismo e insurrecciones de guerrillas, y en derecho empresarial con énfasis en comercio exterior y propiedad intelectual. Su curso de Derecho empresarial latinoamericano es uno de los pocos que se dicta en las facultades de derecho en Estados Unidos. También enseña Derecho Penal Internacional, Derecho Comparativo Internacional Empresarial y Financiero, Organizaciones de Comercio Regional, e Introducción al Sistema de leyes de Estados Unidos. En 1995, fue seleccionada al Colegio de Abogados de Colombia, una organización de eruditos jurídicos dedicados a fomentar los conocimientos jurídicos en las Américas.

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